Ya ha pasado más de un mes desde que estudiantes de la UDA toman (literalmente), la decisión de manifestarse, “nuevamente”, sobre los problemas de seguridad que afectan la convivencia diaria en nuestra comunidad. Esto es algo que lamentablemente obliga a tomar conciencia respecto a que “los problemas seguirán siendo problemas, si no tienen solución”, es por ello que ignorar un problema o atenderlo desde la inmediatez, no lo hace desaparecer; por el contrario, a menudo lo acrecienta, haciendo que las soluciones sean más complejas mientras el tiempo transcurre. En el conflicto actual, la acumulación de problemas no resueltos puede llevar a una carga emocional significativa, contribuyendo a la ansiedad e incluso, el estrés crónico.

Dicho esto, y ad portas de volver a retomar el año académico, en esta columna me atreveré a opinar y también a proponer algunas estrategias o sugerencias que podrían ayudar a mejorar los niveles de confianza, a la hora de compartir y ser parte de la cotidianeidad, más aún si tomo como referencia lo planteado hace 30 años por Jaques Delors en su libro, La educación encierra un tesoro, donde indicaba que  “El proceso de aprender a vivir juntos se encuentra en el corazón del aprendizaje y puede verse por lo tanto, como el fundamento crucial de la educación”.

Bajo ese fundamento, como estrategia no solo es válido considerar lo indicado en la Misión y Visión de la UDA, ni aplicar la estructura reglamentaria o administrativa para intentar mantener comportamientos que estén a la altura de lo que significa convivir en un ambiente académico, sino que también, es importante que la institución estimule buenas prácticas desde lo formal hasta acciones de fondo, que apunten a reforzar las dimensiones de la convivencia estudiantil universitaria. (Sociorelacional, Comunitaria, Académica etc.). A ello se debe agregar las normativas vigentes, respecto al comportamiento que debemos tener los y las funcionarias públicas, especialmente quienes lideran las diversas direcciones en el organigrama institucional, en lo que respecta a probidad y buen trato.

Por otra parte, ya que la institución en estos últimos años ha logrado implementar o potenciar políticas que nos han permitido vivir de manera democrática, inclusiva y respetuosa, como sugerencia creo necesario en las prácticas curriculares, reforzar bajo metodologías activas, el sentido de la cooperación, colaboración, trabajo en equipo, y darnos el tiempo de abordar temáticas como la comunicación clara, empatía, diversidad, resolución de conflictos y desde ahí generarles mayor conciencia sobre la responsabilidad social que asumirán como profesionales, que a futuro influirán o afectarán la vida de las personas. En resumen “Necesitamos que el aula deje de ser solo un espacio de notas y se convierta en un laboratorio de respeto y trabajo en equipo».

Para finalizar propongo que cada Facultad tenga un “Plan de Trabajo Anual” para trabajar las dimensiones de la convivencia universitaria, con el apoyo de la direcciones superiores correspondientes y así reforzar de manera preventiva aquellos aspectos que pudiesen afectarla, ya que «La seguridad no es solo poner cámaras; es volver a confiar en quien camina a nuestro lado en el campus”.

La etapa final de este proceso —que me correspondió encabezar ante la Comisión Nacional de Acreditación— no fue simplemente una presentación. Fue la síntesis de un camino largo, exigente y profundamente participativo. Allí expusimos, con evidencia y convicción, lo que somos como universidad estatal: una institución que ha avanzado con consistencia, fortaleciendo su docencia, su investigación, su gestión, su vinculación con el medio y su compromiso con la calidad.

Este logro colectivo, es fruto del trabajo triestamental de nuestra comunidad académica, funcionaria y estudiantil, así como de nuestras sedes, campus, centros e institutos. También de egresadas, egresados y empleadores que reconocen el valor público de nuestra labor. A ellos y ellas, mi más sincero agradecimiento. Este resultado también les pertenece.

Pero hay algo más profundo aún. Esta acreditación se alcanza en un contexto más exigente, con estándares más altos y bajo un sistema renovado. Y se logra desde Atacama: una región con desafíos estructurales, brechas persistentes y limitaciones históricas en financiamiento. Aun así, avanzamos. Y dimos un paso adelante.

Esto tiene un valor que trasciende lo institucional. Es una señal clara de que las universidades estatales regionales, comprometidas con su entorno, pueden desarrollar capacidades, sostener procesos de calidad y proyectarse con fuerza hacia el futuro.

Por eso, debemos ser claros: esta acreditación no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Nos reconoce, pero también nos desafía a seguir mejorando, innovando y fortaleciendo nuestro rol en el desarrollo de Atacama y del país.

Hoy celebramos con orgullo. Mañana, seguimos trabajando con convicción.

Forlin Aguilera Olivares, Rector de la Universidad de Atacama

La reciente solicitud de revisión presupuestaria del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud (que sugiere ajustar o descontinuar 46 programas para el año 2027) abre un debate que trasciende lo técnico económico. No se trata sólo de cifras, se trata de decisiones que pueden impactar directamente en la vida, la salud y la dignidad de las personas.

Diversas organizaciones científicas y profesionales, como el Colegio Médico y el Colegio de Matronas y Matrones, han advertido sobre las consecuencias de esta eventual medida. En este contexto, resulta imprescindible reflexionar sobre las posibles causas que originarían esta recomendación, como también sobre las implicancias reales que tendría para el sistema de salud chileno una decisión como la ya descrita.

Uno de los argumentos que sustenta la recomendación de ajuste radica en problemas de ejecución presupuestaria. Sin embargo, reducir esta situación sólo a la ineficiencia de los prestadores y administradores de salud resulta simplista en la dinámica de financiamiento del sistema de salud público chileno. Lo anterior, debido a que la evidencia sugiere que las causas de los problemas de ejecución del presupuesto son estructurales. Muchos de los programas que aparecen como mal evaluados corresponden a programas de reforzamiento que operan bajo esquemas de financiamiento fragmentado, con transferencias parciales o tardías por parte del MINSAL, lo que genera periodos sin financiamiento afectando la continuidad de su implementación. En la práctica, esto afecta la planificación, limita la contratación de personal y debilita la adherencia de las personas a sus controles de salud. En este escenario, fortalecer el financiamiento basal (a través de la mejora considerable de la transferencia per cápita)  permitiría una gestión más eficiente y sostenida.

Ahora bien, todos quienes nos hemos formado en políticas públicas sabemos que un proyecto o programa no debe ser evaluado sólo por su eficiencia presupuestaria, evaluar políticas públicas requiere considerar otras dimensiones como lo son el impacto social, cultural y sanitario. Existen intervenciones cuyo valor trasciende su eficiencia económica inmediata. El caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar es un ejemplo emblemático: su impacto en equidad, desarrollo y bienestar en la historia reciente de nuestro país es incuestionable.

Chile ha logrado, durante décadas, resultados sanitarios destacados en el contexto internacional. Indicadores como la esperanza de vida, porcentaje de hospitalizaciones evitables, tasa de embarazo adolescente, mortalidad por VIH- SIDA y los históricos avances en salud materno-infantil, reflejan un sistema que pese a limitaciones, ha sido capaz de generar impacto en la vida de las personas. Incluso durante la pandemia por COVID-19, el país demostró una capacidad de respuesta que fue reconocida globalmente, sustentada en gran medida por la fortaleza de su gobernanza y la red de atención primaria como mecanismo de prevención.

Todo lo anterior, se ha conseguido con una inversión en salud significativamente menor al promedio de los países de la OCDE. En términos comparativos, Chile presenta una relación costo-resultado que evidencia un uso considerablemente eficiente de los recursos. Otras investigaciones realizadas por Barahona et al (2021) y Santelices et al (2011)  han mostrado altos niveles de eficiencia hospitalaria en varias regiones del país. Por otra parte, el nivel de atención primaria en Chile ha demostrado niveles de resolutividad mayores al 90%. 

En este contexto, plantear recortes presupuestarios sin considerar estos logros y sin abordar las causas estructurales de las ineficiencias resulta complejo y pudiese ser perjudicial. La evidencia es clara: reducir la inversión en programas preventivos, en salud mental o en atención primaria no disminuye el gasto, sino que lo desplaza hacia niveles más complejos y costosos del sistema, como urgencias y hospitalizaciones. En otras palabras, el ahorro a corto plazo puede traducirse en un aumento del gasto a mediano y largo plazo, acompañado de un deterioro en la calidad de vida de la población. 

Por ello, más que recortar, el desafío está en reformar. Se requiere avanzar hacia modelos de financiamiento más estables, mejorar los sistemas de evaluación y fortalecer los mecanismos de fiscalización en todas las etapas del ciclo presupuestario, en un mayor alcance una reforma al sistema de salud. Todo esto, con el objetivo de responder de manera efectiva a las necesidades de la población y que se centran particularmente en las dificultades de acceso, reducción del gasto de bolsillo, calidad y satisfacción usuaria.

Recortar en salud no es una decisión neutra. Es una decisión que puede traducirse en menos años y  peor calidad de vida para las personas. Y ese es un costo que, como sociedad, no deberíamos estar dispuestos a asumir.

El proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico, ingresado a la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2026, ha abierto un debate intenso en el país. No podía ser de otra forma. La iniciativa toca materias especialmente sensibles: crecimiento, inversión, empleo, vivienda, permisos e institucionalidad. Presentado por el Ejecutivo como una respuesta para reactivar la economía y restablecer certezas, el proyecto concentra hoy tanto respaldos como objeciones.

Sin embargo, en Atacama la discusión no debería agotarse en la simple adhesión o rechazo. Mientras a nivel nacional la controversia se ordena en torno a posiciones ideológicas y políticas, nuestra región necesita formular una pregunta distinta: si estas reformas, en caso de avanzar, pueden transformarse en una oportunidad real para fortalecer no solo el crecimiento, sino también el desarrollo regional.

Y esa diferencia no es menor. Atacama conoce bien la distancia entre crecer y desarrollarse. Durante décadas ha sido una de las regiones que más riqueza genera para Chile. Su base minera y su especialización en actividades intensivas en recursos naturales la han convertido en un territorio estratégico para la economía nacional. Pero también sabemos que ese dinamismo no siempre se ha traducido en una estructura productiva más diversificada, en proveedores locales más robustos, en mayor sofisticación tecnológica ni en una acumulación suficiente de capacidades dentro del territorio. Muchas veces el crecimiento ha sido evidente, pero el desarrollo regional ha quedado atrás.

Por eso, la pregunta de fondo no debiera ser únicamente si el proyecto mejorará ciertos indicadores macroeconómicos. La cuestión verdaderamente importante para Atacama es si estas medidas pueden ayudarnos a construir una trayectoria de desarrollo más sólida, menos dependiente y con mayor capacidad de retener valor agregado dentro de la región.

En esa discusión hay dos elementos especialmente relevantes. El primero es la flexibilización y racionalización de permisos. El proyecto propone avanzar hacia una institucionalidad más ágil en autorizaciones sectoriales y evaluación ambiental, con el objetivo de destrabar inversión, reducir incertidumbre y acelerar proyectos. En principio, esto podría ser positivo para una región como Atacama, donde los retrasos, la dispersión de criterios y la incertidumbre regulatoria suelen frenar iniciativas relevantes.

Pero aquí aparece el punto decisivo. Atacama no necesita simplemente aprobar más rápido cualquier inversión. Necesita priorizar aquellos proyectos que, además de movilizar capital, fortalezcan capacidades regionales. La pregunta no es solo cuánto se invierte, sino qué tipo de inversión se habilita y cuánto valor deja en el territorio. Si esta flexibilización se aplica con visión estratégica, podría impulsar una cartera regional vinculada a infraestructura hídrica, desalación, energía solar, almacenamiento energético, vivienda, infraestructura logística, servicios tecnológicos, mantenimiento industrial avanzado y nuevos encadenamientos con la minería. Si no se hace así, el riesgo es repetir una historia conocida: más actividad en el corto plazo, pero sin transformación estructural duradera.

El segundo elemento relevante es el nuevo crédito al empleo formal. El proyecto incorpora este instrumento para reducir el costo de contratación, especialmente en tramos de remuneraciones bajas y medias, y con ello promover el empleo formal. Para Atacama, esto podría abrir una oportunidad importante, pero bajo una condición esencial: que el incentivo no se limite a aumentar el número de contratos, sino que se vincule con productividad, capacitación y fortalecimiento del tejido empresarial regional.

Porque el desafío de Atacama no es solo generar más empleo, sino crear mejor empleo. Empleo que permita formar capital humano, elevar competencias técnicas, incorporar digitalización, mejorar gestión, certificar oficios y especializar a trabajadores y empresas en sectores con potencial de escalamiento. Si el crédito al empleo formal se articula con áreas como mantenimiento predictivo, automatización, operación de sistemas energéticos, gestión hídrica, monitoreo industrial, logística especializada y servicios técnicos avanzados, puede transformarse en una herramienta útil para densificar la economía regional y no solo para aliviar coyunturalmente los costos laborales.

Ese es, en el fondo, el centro de la discusión. Las regiones no se desarrollan únicamente porque llegue inversión o porque aumente la ocupación. Se desarrollan cuando logran convertir esas dinámicas en capacidades locales acumulativas: proveedores más fuertes, empresas más sofisticadas, trabajadores más calificados, instituciones más coordinadas y una mayor proporción del valor agregado quedándose dentro del territorio. Ese debiera ser el horizonte de Atacama.

Por eso, frente al intenso debate que hoy rodea al proyecto, nuestra región no puede limitarse a mirar desde la galería ni a repetir los argumentos de aprobación o rechazo que circulan a nivel nacional. Atacama necesita intervenir en esta discusión con voz propia y con una agenda clara: construir una cartera regional de proyectos estratégicos, fortalecer proveedores locales para que la nueva inversión no se fugue fuera del territorio y articular empleo, formación técnica, universidad, innovación y productividad en torno a los sectores donde la región tiene mayores oportunidades.

Si esas condiciones no se construyen, el escenario puede ser el de siempre: llegan proyectos, mejoran algunos indicadores, aumenta transitoriamente la actividad, pero el conocimiento, la tecnología y buena parte del excedente económico siguen concentrándose fuera de Atacama. Eso no sería desarrollo regional. Sería, una vez más, crecimiento sin raíces suficientes en el territorio. Pero si Atacama aprovecha esta coyuntura con visión estratégica, estas reformas podrían transformarse en una palanca para modernizar su base productiva, fortalecer su tejido empresarial y avanzar hacia un crecimiento con mayor permanencia, articulación y valor agregado local.

En medio de fuertes apruebos y desapruebos, esa es la discusión que realmente importa para Atacama. No solo si el proyecto divide al país, sino si la región será capaz de convertir esa disputa nacional en una oportunidad concreta para su propio desarrollo. Porque Atacama no necesita solo crecer más. Necesita, sobre todo, crecer mejor.

• Carolina Blanco, Directora de Innovación, Desarrollo y Transferencia, Universidad de Atacama
• Dr. Karl Riveros, académico del Departamento de Geología, Universidad de Atacama

A fines de enero de 2026 se concretó un hito relevante para la minería chilena con la entrega oficial de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos (ENMC). Más que un acto administrativo o político, este proceso da cuenta de la definición de una hoja de ruta productiva para las próximas décadas, en un contexto donde Chile busca consolidar su rol como país minero en el escenario global.

En este marco, la participación del rector de la Universidad de Atacama, Forlin Aguilera, como representante de la academia y las regiones en el Comité de Alto Nivel, refuerza una convicción central de que esta no puede ser una estrategia concebida únicamente desde una lógica centralista, sino que debe construirse a partir de las realidades territoriales, incorporando la voz de las regiones y sus comunidades.

Con el documento ya sobre la mesa, el foco se desplaza hacia la implementación. La Universidad de Atacama se distingue por gestionar una innovación con pertinencia territorial, entendiendo que las soluciones tecnológicas deben responder a nuestra cuenca y nuestra gente. Por ello, hemos articulado un comité multidisciplinario de expertos, en geología, metalurgia, minas, industria y derecho, para asegurar que la estrategia nacional converse con la vocación de nuestra región.

Desde este núcleo de pensamiento regional, advertimos que el desafío social más relevante está en la Pequeña y Mediana Minería.

Contrario a la creencia común, los minerales críticos no son exclusivos de la gran industria. La región de Atacama posee una particularidad única que concentra la mayor actividad de mediana y pequeña minería del país y simultáneamente, hospeda las mayores reservas nacionales de Cobalto y probablemente la segunda mayor anomalía de Tierras Raras. Estos minerales estratégicos conviven en los mismos yacimientos que nuestros mineros ya trabajan. Sin embargo, hoy son invisibles para ellos.

La gran barrera no es solo geológica, es de mercado. Mientras las grandes compañías pueden exportar directamente estos productos, el pequeño minero depende de poderes de compra locales. Debido a que hoy no se paga por el Cobalto o las Tierras Raras, estos recursos de alto valor terminan descartados en relaves o vendidos como simple cobre.

Aquí radica la misión de la innovación pública. El objetivo es transformar al productor tradicional en uno polimetálico. Esto requiere, como nos indican nuestros especialistas, tecnologías de caracterización geológica y metalúrgica compleja, pero sobre todo, requiere modernizar el poder comprador estatal para crear un mercado justo. Si logramos que la implementación de esta estrategia baje a la realidad de las pequeñas faenas en los distintos territorios de nuestra región, estaremos logrando la verdadera soberanía estratégica. No solo exportaremos minerales; exportaremos un modelo de desarrollo inclusivo, diseñado y pensado desde la región.

• Dra. María José Gallardo Nelson, Vicerrectora de Investigación y Postgrado Universidad de Atacama (UDA); Presidenta Comisión de Investigación CRUCH
• Dr. Ezequiel Martínez Rojas, Vicerrector de Investigación e Innovación, Universidad Arturo Prat (UNAP)
• Dra. Claudia Estrada Goic, Vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado, U. de Magallanes (UMAG)

Los recientes anuncios de ajuste presupuestario en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación abren un debate que trasciende lo estrictamente fiscal, pues no se trata solo de cifras o reasignaciones, sino de definiciones que, en el mediano y largo plazo, delinean el horizonte del desarrollo científico del país. Es en ese plano, más estructural que coyuntural, donde emerge una legítima preocupación desde las regiones, en la medida en que estas decisiones no solo inciden en la disponibilidad de financiamiento, sino también en la posibilidad de avanzar hacia un sistema científico más equilibrado, descentralizado y territorialmente pertinente.

Este debate se vuelve aún más crítico si se considera que Chile ha configurado históricamente su sistema científico bajo una lógica centralizada, concentrando capacidades, infraestructura y oportunidades en un número acotado de instituciones, lo que ha reproducido persistentes asimetrías territoriales y ha obligado a las universidades regionales a desarrollarse en condiciones estructuralmente desiguales. A ello se suma un elemento de fondo: El país destina apenas alrededor de un 0,36% de su PIB a investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE, que supera el 2,5%, lo que no solo evidencia una brecha en magnitud de inversión, sino que tensiona aún más la forma en que los recursos se distribuyen, haciendo crítico no solo cuánto se invierte, sino cómo y dónde se invierte, y en qué medida ello contribuye efectivamente a cerrar brechas históricas entre el centro y las regiones.

En los últimos años se ha comenzado a delinear un giro relevante en la política científica nacional, donde instrumentos como el Fondo de Investigación Universitaria (FIU) han abierto una oportunidad inédita para fortalecer capacidades basales en universidades regionales, no solo incrementando la productividad científica, sino también permitiendo proyectar agendas de investigación coherentes con las necesidades de los territorios. En este sentido, el FIU ha trascendido su carácter de instrumento de financiamiento para constituirse en una apuesta estratégica por descentralizar la ciencia y democratizar la generación de conocimiento.

Desde esta perspectiva, las señales de revisión o eventual reducción de este tipo de instrumentos resultan particularmente inquietantes, no solo por su impacto inmediato, sino por lo que implican en términos de continuidad de políticas orientadas a corregir brechas históricas, considerando que la construcción de capacidades científicas en regiones requiere estabilidad, visión de largo plazo y sostenimiento en el tiempo. Algo similar ocurre con programas como los Anillos de Investigación Temáticos y las iniciativas de Innovación en Educación Superior (InES), que han permitido articular redes interdisciplinarias, fortalecer estructuras institucionales y avanzar en procesos de investigación, desarrollo e innovación con impacto territorial, por lo que su eventual debilitamiento no solo afecta la generación de conocimiento, sino también la densidad del sistema científico en su conjunto.

En este escenario, los ajustes presupuestarios, incluyendo la reducción de becas en el extranjero y la revisión de instrumentos concursables tensionan un equilibrio delicado entre la racionalidad fiscal y la necesidad de consolidar un sistema científico más equitativo y territorialmente pertinente. Desde las universidades regionales, y especialmente desde aquellas ubicadas en zonas extremas, estas decisiones se observan con preocupación, en tanto no solo comprometen la continuidad de procesos en curso, sino que interpelan la posibilidad de sostener un modelo de desarrollo científico que reconozca la diversidad territorial del país.

Fortalecer el desarrollo interno del sistema es, sin duda, una oportunidad. Pero hacerlo a costa de debilitar instrumentos que han permitido avanzar, aunque sea de forma incipiente en el cierre de brechas, sería un error. El problema nunca ha sido elegir entre uno u otro camino, sino la falta de decisión para articularlos de manera coherente. En este contexto, se vuelve imprescindible una política pública que comprenda la ciencia como un bien estratégico para el desarrollo, entendiendo que debilitar los instrumentos que han permitido nivelar las oportunidades entre regiones, no es solo una decisión presupuestaria sino una definición sobre el tipo de país que se busca construir.

Como vicerrectores de investigación de universidades regionales, estimamos que este es un momento que exige reflexión, diálogo y una firme voluntad de sostener y profundizar los avances alcanzados, reconociendo que la descentralización de la ciencia debe consolidarse como una política de Estado, en tanto en ello se juega la posibilidad de avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible para Chile.

Hay momentos en la historia de las instituciones en que todos los factores parecen confluir al mismo tiempo. Quizás no como una planificación deliberada, sino como una coincidencia compleja, exigente, incluso incómoda. A eso solemos llamarlo una tormenta perfecta. Y es precisamente en esos escenarios donde se revela el verdadero carácter de una comunidad.

Para la Universidad de Atacama, ese momento comenzó en octubre de 2023, con la entrada en vigencia de un nuevo modelo de acreditación para el subsistema universitario. Un modelo que no solo modificó criterios y estándares, sino que transformó la lógica misma del proceso evaluativo: una acreditación integral, basada en evidencias más exigentes, con muestras intencionadas de carreras y bajo una mirada sistémica del quehacer institucional.

La incertidumbre no era menor, se trataba de enfrentar una forma de evaluación inédita, sin precedentes internos claros, que obligaba a repensar no solo los instrumentos, sino también las formas de comprendernos como institución. Frente a ello, la Universidad decidió no replegarse en lo conocido, sino avanzar hacia un nuevo paradigma: instalar la participación vinculante como el eje central del proceso de autoevaluación.

Este giro implicó abrir espacios reales de deliberación, donde la comunidad académica, la comunidad funcionaria y el estudiantado, no solo opinara, sino que incidiera efectivamente en el diagnóstico y en la proyección institucional. Más que un ejercicio técnico, se transformó en un proceso profundamente reflexivo, que tensionó prácticas, desafió certezas y fortaleció el sentido de pertenencia.

Pero la acreditación no fue el único desafío en curso.

De manera simultánea, la Universidad enfrentaba un cambio histórico en su gobernanza: la implementación de sus nuevos estatutos. Este proceso no solo implicó una reconfiguración de sus estructuras formales, sino también una redefinición profunda de los mecanismos de toma de decisiones. La transición hacia una gobernanza triestamental, formalizada mediante decreto, pero precedida por una práctica institucional que ya avanzaba en esa dirección, significó el reemplazo de cuerpos colegiados tradicionales, como el Consejo Académico y la Junta Directiva, por nuevas instancias como el Consejo Universitario y el Consejo Superior, dotadas de atribuciones renovadas y de un rol más activo en la conducción estratégica de la institución.

Así, mientras la institución se evaluaba a sí misma bajo reglas nuevas, también estaba rediseñando su propia arquitectura de gobierno. Y como si el escenario no fuera suficientemente desafiante, el Plan Estratégico de Desarrollo vigente llegaba a su fin. La Universidad no solo debía mostrar resultados del ciclo anterior ante los evaluadores externos, sino también proyectar su futuro. Y hacerlo, además, bajo esta nueva gobernanza y con un horizonte inédito de planificación: esta vez diez años.

Este nuevo proceso estratégico no fue concebido como una actualización incremental, sino como una construcción colectiva de largo aliento. Manteniendo el sello participativo, e incorporando el protagonismo del Consejo Universitario como instancia responsable de su conducción, la institución se propuso diseñar una hoja de ruta capaz de sostener su desarrollo en un entorno cada vez más complejo y dinámico, resguardando al mismo tiempo uno de sus activos más relevantes: una adecuada salud financiera. Todo ello, en un sistema de educación superior que en su conjunto enfrenta importantes desafíos para asegurar la sostenibilidad de sus procesos, lo que otorga aún mayor valor a una gestión responsable y proyectiva.

Y cuando el proceso de autoevaluación avanzaba con fuerza, cuando el entusiasmo de la participación activa dejaba de ser una promesa y comenzaba a materializarse, cuando proyectábamos con optimismo la anhelada visita de los evaluadores externos, la naturaleza nos tenía preparada una nueva prueba.

El temblor de junio de 2025 de magnitud 6,5.

Una bofetada inesperada que removió no solo la infraestructura, sino también la memoria colectiva, trayendo consigo recuerdos de episodios dolorosos como los aluviones que marcaron profundamente a nuestra región en años anteriores. Este golpe nos obligó a incorporar un nuevo proceso paralelo a una agenda ya exigente: evaluar con precisión y responsabilidad las condiciones institucionales, reorganizar nuestras operaciones y trasladarnos desde nuestros espacios habituales de trabajo, enfrentando la incomodidad natural de la contingencia, pero siempre priorizando la seguridad de nuestra comunidad universitaria.

Fue un momento de tensión, de incertidumbre y de urgencia. Pero también fue un momento de definición. Porque, aun en medio de la adversidad, la Universidad de Atacama no se detuvo. Como comunidad, nos levantamos con resiliencia, comprendiendo que el desafío de fondo no había cambiado. La acreditación seguía siendo un compromiso con nuestra calidad, con nuestros estudiantes y con el territorio al que pertenecemos.

Tres procesos simultáneos, cada uno de carácter estructural, un nuevo modelo de acreditación, una nueva gobernanza y una nueva estrategia institucional, a los que se sumó un evento inesperado que puso a prueba nuestra capacidad de respuesta.

La tormenta perfecta

Sin embargo, lo que pudo haber sido un escenario de fragmentación o incertidumbre desbordada, se transformó en una oportunidad de cohesión, aprendizaje y madurez institucional. La Universidad de Atacama no solo logró articular estos procesos, sino integrarlos en una narrativa común de desarrollo. El resultado es conocido: una acreditación de cinco años en todas sus dimensiones.

Pero más allá del resultado, lo relevante es el camino. Porque este logro no es únicamente la validación de un conjunto de indicadores o evidencias. Es la expresión concreta de una comunidad que fue capaz de dialogar, adaptarse y proyectarse en medio de la complejidad.

Hoy todos celebramos un resultado histórico. Y para quien no ha estado conectado al quehacer universitario, puede parecer un resultado exigible, incluso natural. Pero solo nosotros sabemos que fue una demostración profunda de compromiso colectivo, de convicción institucional y de resiliencia. Un logro que no surge de la inercia, sino del trabajo sostenido de toda una comunidad que decidió estar a la altura de su propio desafío.

Por eso, este hito merece quedar registrado. No solo como un resultado, sino como memoria. Para que en el futuro no olvidemos de qué somos capaces cuando actuamos como una verdadera comunidad universitaria. Y que, en medio de la tormenta, fuimos capaces de construir nuestro resultado soñado.

Dr. Vladimir Riffo Bouffanais, Director de Investigación

Cada cambio de gobierno trae consigo nuevas autoridades, prioridades y expectativas respecto del rumbo de las políticas públicas. En el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, estos momentos también invitan a proyectar el futuro del sistema. Sin embargo, hay una convicción ampliamente compartida en el mundo científico. El desarrollo de la investigación requiere continuidad y una mirada de largo plazo que trascienda los distintos momentos políticos.

La investigación es, por definición, un proceso de largo plazo. Construir capacidades científicas, formar investigadoras e investigadores, consolidar laboratorios y generar conocimiento pertinente para la sociedad toma años, incluso décadas. Por eso, las universidades y especialmente las universidades regionales tenemos la responsabilidad de sostener ese trabajo con una visión estratégica que permita dar continuidad al desarrollo científico del país.

Desde regiones como Atacama, esta convicción adquiere un sentido particularmente claro. Hablar de ciencia con sentido territorial significa orientar nuestras capacidades hacia los problemas reales del entorno. La gestión del agua, la sostenibilidad ambiental, la minería responsable, la educación, la salud de nuestras comunidades o la adaptación al cambio climático son materias complejas que requieren investigación rigurosa, colaboración y continuidad.

La inversión en ciencia y tecnología debe entenderse también como una apuesta estratégica por el futuro, porque el conocimiento permite anticipar riesgos, generar soluciones y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país.

En este contexto, el inicio de una nueva administración abre una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el Estado y las instituciones que formamos parte del sistema científico nacional. Como Universidad de Atacama hemos sostenido reuniones y espacios de conversación con las nuevas autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con quienes compartimos la importancia de seguir fortaleciendo un sistema científico más robusto que reconozca las capacidades instaladas en las regiones.

Como universidad pública regional reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente con las autoridades y con todas las instituciones que forman parte del ecosistema científico del país. Desde Atacama queremos seguir aportando conocimiento, investigación y formación de capital humano avanzado para enfrentar los grandes retos del desarrollo, convencidos de que fortalecer la ciencia en regiones es una tarea compartida que trasciende los distintos momentos de la vida pública del país.

Las universidades públicas, particularmente las regionales, tenemos un rol fundamental en este proceso. Como instituciones formadoras de nuevas generaciones y productoras de conocimiento, estamos llamadas a contribuir activamente a la transformación sociocultural que nuestra sociedad demanda.

En este sentido, la Universidad de Atacama ha asumido el desafío de avanzar en la promoción de la igualdad de género, la inclusión y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

En este camino, la consolidación de políticas institucionales de género e inclusión y la creación de la Dirección de Género, Diversidades e Inclusión han permitido transversalizar estas materias en todas las áreas del quehacer universitario. Entre los avances más significativos destaca el proceso de incorporación de la perspectiva de género y del enfoque inclusivo en el currículo institucional, avanzando hacia su presencia en el 100% de los programas formativos, reconociendo que la educación es una herramienta clave para enfrentar desigualdades estructurales y formar profesionales en pos de la equidad y los derechos humanos.

Este trabajo se ha complementado con acciones permanentes de formación, acompañamiento, concientización y sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria en su conjunto. Asimismo, se han promovido espacios de cuidado institucional que contribuyen al bienestar y a la conciliación de la vida académica, laboral y familiar, mediante la implementación de salas de lactancia, rincones infantiles, plazas accesibles y ruta inclusiva en el campus universitario.

Junto con estas transformaciones, el rescate de la memoria de las mujeres es fundamental. Desde la Dirección de Género, Diversidades e Inclusión hemos impulsado el levantamiento de las trayectorias de mujeres que marcaron hitos en nuestra casa de estudios, iniciativa que se materializó en el libro Pioneras UDA. Esta obra visibiliza a quienes abrieron camino en distintos ámbitos de la vida universitaria y posiciona la historia y la memoria de las mujeres como una estrategia para enfrentar los procesos de invisibilización que históricamente han marcado la participación en los espacios académicos, científicos y profesionales.

Porque avanzar hacia una sociedad más justa no admite retrocesos. En Atacama y desde nuestra universidad seguimos avanzando con valentía y con la profunda convicción de que este es el camino correcto: el camino de la igualdad de género, de la inclusión y del respeto a la dignidad de todas las personas.

Viviana Rodriguez Venegas
Directora Género, Diversidades e inclusión
Universidad de Atacama

En el inicio de este año académico es necesario reflexionar como influye la salud individual y colectiva en el ambiente de aprendizaje adecuado para la comunidad educativa, esto no solo en la Universidad sino para cualquier nivel educativo.

Desde el año 1905, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), impulsan iniciativas para generar estrategias que beneficien la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, considerando entornos saludables para el aprendizaje, tanto en la dimensión física que considera el saneamiento básico, seguridad, infraestructura, entre otros, como en la dimensión psicosocial, tomando en consideración el respeto entre las personas, la flexibilidad, respetando los derechos humanos y la adaptación del entorno. 

La educación es un factor protector en diversos ámbitos. Desde el punto de vista individual,  algunos beneficios van desde tener un entorno seguro, hasta enlentecer el proceso de envejecimiento y prevenir ciertas enfermedades, desde el punto de vista de comunidad es aportar a la sociedad con mejores capacidades para ser personas exitosas en el día a día. Es por esto que es muy importante conocer el estado de salud de las y los estudiantes y trabajar en medidas de fomento y promoción del autocuidado.

Pero, ¿cómo podemos equilibrar nuestras acciones dentro del aula para generar un entorno adecuado y saludable? Una medida básica y fundamental en el ambiente educativo es generar espacios adecuados para lograr un aprendizaje significativo. El ambiente de aprendizaje requiere de flexibilidad, seguridad emocional, respeto mutuo y generar el aprendizaje centrado en el estudiante, tal como lo menciona nuestro modelo educativo. Las y los académicos somos parte de ese ambiente de aprendizaje y, si bien las actividades deben estar centradas en el estudiantado, es nuestro deber y responsabilidad, generar estos espacios, identificar dificultades en el aprendizaje y/o problemas de salud que puedan interferir con el normal desarrollo estudiantil, generando las respectivas derivaciones y trabajo conjunto con las unidades de apoyo institucional del Sistema de Apoyo Integral al Estudiante (SAIE). 

El nivel de salud de cada estudiante influye en el rendimiento académico, por lo cual es importante mantener estilos de vida saludable como: Realizar actividad física, la cual se asocia a mejor capacidad de concentración y rendimiento académico, asegurar la higiene del sueño, es necesario dormir el tiempo y calidad adecuadas (8 horas aproximadamente), lo que ayuda a fijar lo aprendido como memoria de largo plazo, cuidar la salud mental que es fundamental para manejar la ansiedad y el estrés durante el proceso formativo, alimentarse adecuadamente, es importante comer alimentos saludables e hidratarse con agua durante el día, para mantener mejor concentración y rendimiento.

El mantener una comunidad saludable y resguardar la calidad de vida de nuestros futuros profesionales, es responsabilidad de todas y todos. Nuestra institución se encuentra preocupada y ocupada en estos aspectos, como muestra de esto  es  que durante el año 2025, sólo el Centro Universitario Promotor de Salud realizó alrededor de 3000 atenciones de profesionales. Además, se realizaron diversas actividades de promoción y prevención en salud en todos los campus, con la finalidad de mantener y recuperar la salud de la comunidad educativa, para que quienes la componen puedan demostrar su máximo potencial y ser los profesionales de excelencia que nuestro entorno requiere.