En el marco del Encuentro de la Red de Calidad del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), denominado Perspectivas y Buenas Prácticas de Calidad y celebrado el 28 y 29 de noviembre en la Universidad de Los Lagos, Yulissa Angüis Fuster, directora de Aseguramiento de la Calidad e integrante del directorio de dicha Red, tuvo la oportunidad de presentar la experiencia de la institución en el diseño e implementación de un innovador proceso de autoevaluación institucional.

La invitación para compartir esta experiencia se dio en reconocimiento al enfoque participativo y triestamental que la Universidad de Atacama ha adoptado para llevar a cabo la fase autoevaluativa del proceso de acreditación institucional bajo los nuevos criterios y estándares.

Durante su intervención, Angüis destacó que el diseño diferente de este proceso respondió a los cambios en el contexto de la educación superior y al sello de gestión impulsado por el rector Forlín Aguilera Olivares, quien asumió la rectoría hace algo más de dos años. “Desde el inicio, el rector Aguilera comprometió a nuestra comunidad con la profundización de la democracia universitaria, lo que nos impulsó a hacer las cosas de manera diferente: basado en escucha e integración de diversas miradas”, señaló la directora.

Durante 2024, el proceso de autoevaluación institucional UDA no solo se centró en analizar críticamente los estándares exigidos, sino que priorizó la construcción colectiva y el fortalecimiento de los vínculos al interior de la comunidad. “Los procesos de autoevaluación promueven la formulación de un juicio crítico, ponderado y basado en evidencias que las comunidades universitarias consensúan. En ese sentido, la comunicación juega un rol crucial y decidimos incluirla no solo como herramienta de difusión, sino que la integramos estratégicamente desde el diseño mismo del proceso, promoviendo el encuentro y fortaleciendo las relaciones entre las personas y estamentos”, enfatizó Angüis.

Los resultados de este enfoque fueron notables: más de 150 personas participaron activamente en las comisiones de autoevaluación, mientras que más de 4.500 respondieron la consulta dirigida a informantes clave, superando ampliamente las cifras de procesos previos. “Estos resultados son históricos en la UDA en materia de participación y reflejan el creciente compromiso de nuestra comunidad universitaria con la adopción de la cultura de la calidad”, afirmó la directora.

La participación de la UDA en el Encuentro de la Red de Calidad del CUECH es un reconocimiento al liderazgo de la institución en promover una autoevaluación con sello triestamental y co-creado, con el claro objetivo de fortalecer la cultura de la calidad en la comunidad universitaria.

Las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, reunidos en la Universidad del Bío Bío en Concepción, valoraron la iniciativa legal que pone fin al CAE aunque manifestaron su preocupación frente a algunos alcances de esta iniciativa legal que, de no reevaluarse, podrían llegar a comprometer su capacidad de desarrollo en el futuro.

Para el Consorcio es altamente positivo que se termine con el CAE como una política que se encuentra agotada y se avance en una nueva modalidad de financiamiento que garantice el acceso a la Educación Superior como un derecho, pero advierten que el actual proyecto de Ley del FES podría llegar a consolidar un modelo de subsidio a la demanda que desconoce el impacto social de la educación y las necesarias distinciones entre los diferentes tipos de instituciones que componen el sistema.

Para el presidente del CUECH y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, “aunque el proyecto contiene elementos muy valorables como la regulación del crecimiento o la obligación de aplicar la Ley de Transparencia a todas las instituciones que reciben recursos públicos, de no complementarse con otras iniciativas, la propuesta actual arriesga diluir la diferencia entre universidades privadas y públicas, comprometiendo la capacidad de estas últimas para cumplir con los mandatos específicos que, en materia de desarrollo social y territorial, le entrega la Ley de Universidades del Estado”. En este sentido agregó: “es evidente que las universidades estatales tenemos obligaciones mayores que aquellas que afectan a los privados, puesto que debemos hacernos cargo de la soberanía educacional en las zonas extremas de nuestro país; de la vinculación con los territorios; del resguardo de nuestro patrimonio histórico, cultural e intangible de las diferentes regiones; de la creación y promoción de actividades artísticas; del desarrollo de la investigación científica y la innovación productiva; de la mantención de carreras estratégicas para el país pero que tienen una baja demanda que no cubre sus costos, como las pedagogías; de la preparación de especialistas para la salud pública y de la movilidad social e inclusión, entre muchos otros ámbitos”.

Por su parte, el rector Benito Umaña de la Universidad del Bío Bío, recalcó que el nuevo FES no corrige la asimetría histórica entre universidades públicas y privadas, “donde las universidades estatales estamos llenas de restricciones para crecer y competir en igualdad de condiciones con las universidades privadas que tienen al contrario mínimas regulaciones, pero al final del día reciben el 70% de los recursos públicos que destina el Estado a la educación superior”.

Otros elementos que a juicio de las rectoras y rectores del CUECH deben revisarse en el debate legislativo son el marco de referencia de los aranceles regulados, para que reflejen objetivamente los costos reales de hacer Universidad más allá de la docencia en la sala de clases; la posibilidad de aporte de las familias a través de un copago; la sobre regulación que incide en la eficiencia administrativa de las instituciones estatales; la forma en que el Estado entregará oportunamente los recursos públicos para asegurar la viabilidad financiera del sistema; así como las políticas para fortalecer a la educación superior pública y el crecimiento de estas universidades.

Durante el mes de diciembre, el CUECH entregará en el Congreso Nacional su visión sobre el proyecto de Ley con la vocación de complementar y mejorar la propuesta, pensando en la mejora permanente del sistema de educación superior para que éste pueda aportar de forma efectiva al desarrollo de nuestro país.

En palabras del Presidente del Consorcio, Ennio Vivaldi, “La nueva Carta Magna es una oportunidad inigualable para que la educación pública recupere el lugar central que le fue arrebatado por la dictadura. Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país”

La primera propuesta de norma está directamente relacionada a la consagración de derechos fundamentales en el texto constitucional y busca que éste establezca de forma concreta y explícita el derecho a la educación superior pública, gratuita, laica y de calidad. Según lo expuesto, este derecho debe materializarse a través de la provisión gratuita de educación en un conjunto de instituciones estatales financiadas mayoritaria o completamente mediante aportes basales del Estado.

La segunda norma presentada se enfoca en un ajuste estructural que requeriría la orgánica de educación superior, garantizando la existencia de al menos una universidad estatal por cada región del país, así como el fomento de una relación preferente de las Universidades del Estado con las demás instituciones públicas.

Desde el Cuech, la Directora Ejecutiva Alejandra Contreras señala que “estas propuestas de norma apuntan no sólo a resolver un problema de acceso y calidad, que es un reclamo ciudadano que lleva décadas; sino también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país impulsado por la nueva Constitución”

Ambas propuestas fueron ingresadas esta semana y para lograr formar parte del debate oficial de la Convención y ser votadas, necesitan reunir -al menos- 15 mil firmas cada una. Contreras enfatiza en la urgencia que este apoyo ciudadano requiere: “son dos normas absolutamente fundamentales para la consagración del derecho a la educación en la nueva constitución, y alcanzar las firmas es el primer paso hacia esa garantía”.

El plazo para conseguir dicho apoyo finaliza el próximo 1 de febrero.

Iniciativa 36.618 https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/36618

Iniciativa 36.582 https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/36582