La actividad estuvo marcada por la clase magistral de la Presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, Dra. Daniela Marzi Muñoz, titulada “Democracia y Derechos Humanos en la Jurisprudencia Reciente del Tribunal Constitucional”, presentación en la que abordó el rol del órgano jurisdiccional del Estado en materias de derechos fundamentales y su función como contrapeso institucional.

Tras su intervención, la Presidenta TC destacó la relevancia de estos espacios de encuentro con la comunidad estudiantil, afirmando que “es una instancia muy significativa”, y precisando que permiten acercar el quehacer del Tribunal Constitucional a estudiantes de Derecho, mostrarles su labor y “promover que sientan que la jurisdicción constitucional es accesible para todos y todas”. Asimismo, la autoridad valoró el alto nivel de participación de los y las estudiantes, quienes plantearon preguntas “complejas, preparadas y reflexivas”.

La jornada también contó con la presencia del Ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses Coloma, quien relevó el fortalecimiento del vínculo entre el Poder Judicial y la Universidad de Atacama, destacando que “hemos pasado de un 0% a un 100% de relacionamiento. Estamos muy contentos, pues el año pasado firmamos un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, lo que ha permitido integrarnos con ella en distintas actividades que benefician a los miembros del Poder Judicial y sobre todo, a los alumnos y cuerpo académico de la Universidad”. 

Finalmente, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UDA, Rodrigo Cardozo Pozo, subrayó que esta actividad “pone de relieve la Vinculación con el Medio, al propiciar un intercambio de saberes entre la Facultad y la comunidad”. Asimismo, destacó que “este vínculo no solo enriquece la formación de nuestros estudiantes, sino que también permite a la Facultad aportar de manera concreta al entorno social, contribuyendo a la promoción de la justicia, especialmente por la temática abordada, que pone en relación a los operadores jurídicos y nuestros y nuestras estudiantes”.

En este contexto, el Decano recalcó que “los Derechos Humanos no son instrumentos al servicio del Estado, sino que son exigibles frente a él, incluso cuando actúe en representación de mayorías circunstanciales”. 

De esa manera, la inauguración del año académico 2026 de la carrera de Derecho UDA se consolidó como un espacio clave para el diálogo entre la academia y las instituciones del sistema de justicia, contribuyendo a una formación integral y contextualizada de las y los futuros profesionales del Derecho.

La Universidad de Atacama (UDA), en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), finalizó con éxito la primera versión del Diplomado en Conflictos Socioterritoriales y Derechos Humanos, una iniciativa formativa inédita a nivel nacional que reunió a profesionales y actores sociales de distintas regiones del país.

El programa, impulsado por el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se enmarca en la estrategia institucional de fortalecer la formación continua y la vinculación con el medio, abordando temáticas clave para el desarrollo regional y nacional.

El Vicerrector Académico de la UDA, Fernando Herrera Gallardo, destacó la relevancia de este diplomado, subrayando el compromiso de la casa de estudios con la promoción de los derechos humanos. “Esta iniciativa refleja el fuerte vínculo de nuestra institución con los derechos humanos y el trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros como Universidad de Atacama, estas acciones son fundamentales tanto para la vinculación con el medio como para ofrecer una formación acorde a la realidad regional y nacional”, señaló.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la jefa regional en Atacama, Marcia Quezada Bracho, destacó el sentido territorial de la iniciativa y el aporte de la universidad en su ejecución:

“Este diplomado comenzó a gestarse hace un par de años, a partir de la necesidad de abordar las afectaciones socioambientales presentes en el territorio. Buscamos vincular el concepto de territorio —en sus dimensiones social, política y geográfica— con las tensiones que se generan entre las actividades productivas.”

“La colaboración con la Universidad de Atacama ha sido fundamental. Sin su apoyo, esta iniciativa no habría sido posible. Valoramos profundamente su compromiso con el territorio y con la promoción de los derechos humanos, lo que permite generar conocimiento y avanzar hacia un desarrollo más sostenible y respetuoso de los derechos, tanto individuales como colectivos”, afirmó.

La experiencia formativa también fue valorada por sus participantes. Rocío González, arquitecta titulada del diplomado, destacó el enfoque interdisciplinario del programa y su aporte a su ejercicio profesional.

“Este diplomado me permitió incorporar una mirada más integral en el desarrollo de proyectos urbanos, considerando no solo aspectos técnicos, sino también el impacto ambiental y social en la vida de las personas. Y que también las personas entiendan que no es solo desarrollar un proyecto con materiales, sino también ver cómo se va a posicionar y cuáles son los cuidados que se deben tener con el medio ambiente donde se emplaza, entendiendo que estas aristas son complementarias y no una sobre la otra”, comentó.

Sobre el desarrollo del diplomado, la estudiante añadió: “Considero que los profesores tenían mucha expertise. Me pareció muy interesante la manera en que exponían los temas, de forma muy ilustrativa y accesible para todas las áreas, ya que había arquitectos, ingenieros vinculados al ámbito minero y también docentes. Fue muy valioso que pudieran expresarse de una forma que todos pudiéramos entender, considerando que éramos de distintas disciplinas.”

Por su parte, la Directora del Departamento de Trabajo Social, Ana Castillo Leyton, valoró el carácter innovador del programa. “Los conflictos socioambientales están presentes y convivimos con ellos, por lo que requieren una mirada mucho más integral”, indicó.

En la misma línea, la académica de Trabajo Social y coordinadora del diplomado, María Alejandra Mora, explicó que el programa contó con 13 personas certificadas provenientes de distintas zonas del país, desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo profesionales del sector público, académico y dirigentes sociales.

“El diplomado entregó herramientas conceptuales y metodológicas para comprender los conflictos socioterritoriales desde la entrega de normativa y estándares nacionales e internacionales, integrando enfoques jurídicos, sociales y culturales que permiten abordar estos fenómenos en los territorios”, explicó.

La iniciativa reunió a docentes de diversas áreas, incluyendo sociología, derecho, psicología y educación, fortaleciendo un enfoque interdisciplinario orientado a la comprensión y abordaje de los conflictos socioterritoriales desde una perspectiva integral.

Con este tipo de programas, la Universidad de Atacama reafirma su compromiso con la formación continua, la promoción de los derechos humanos y la generación de conocimiento pertinente para los desafíos del territorio, consolidando su rol como actor clave en el desarrollo sostenible de la región.

Según explicó Pía Javiera Ávalos Quevedo, Jefa del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, esta campaña marca un hito para la institución: “Esta es una experiencia nueva que hacemos como universidad; es primera vez que generamos una campaña así a nivel institucional. La iniciativa nace del vínculo que tiene nuestro estudiantado con la Teletón y también del trabajo de la carrera de Construcción Civil, que desde hace años mantiene una relación cercana aportando a la accesibilidad en viviendas de personas con discapacidad. A partir de esa conexión asumimos la responsabilidad de sumarnos como institución a esta causa, algo que tuvo una gran acogida en nuestra comunidad y una alta disposición para participar y aportar.”

Ávalos agregó que esta positiva respuesta motiva a la institución a proyectar nuevas acciones de apoyo solidario en el futuro:
“Pretendemos continuar trabajando y seguir sumándonos a las próximas campañas en los años venideros. Invitamos a la gente a valorar la diversidad, visibilizarla y ser parte activa de ella.”

La Universidad de Atacama agradeció a las y los estudiantes, funcionarias, funcionarios y unidades académicas que participaron en la campaña interna, reafirmando que el compromiso colectivo permite generar un impacto real en la vida de niñas, niños y jóvenes atendidos por la Teletón en el país.

Las recientes declaraciones que han tildado el acceso al aborto y otras prestaciones de salud como “privilegios del primer mundo”, junto con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, nos obligan a recordar un hecho fundamental: la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, reconocido internacionalmente y ratificado por Chile mediante tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). Minimizar o reinterpretar estos derechos desde lógicas político- ideológicas, puede poner en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas.

Chile aún tiene una deuda pendiente con el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Los avances que se han logrado han sido, en su mayoría, producto de dolorosos casos mediáticos y de la persistente presión de la sociedad civil. Hoy contamos con leyes que abordan parcialmente estos derechos, como la ley Dominga sobre el manejo y acompañamiento de pérdida gestacional y perinatal (Ley 21.371), la Ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Ley 20.418) y la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley 21.030). Además, existen normativas orientadas al acceso a métodos anticonceptivos y a la atención de personas de la diversidad sexual y población trans, entre otras.

Sin embargo, la sola existencia de normas no garantiza su cumplimiento. Numerosos estudios y experiencias muestran que persisten barreras estructurales y operativas en el sistema de salud que limitan el ejercicio efectivo de estos derechos. El caso de la Ley IVE es ilustrativo: su implementación ha enfrentado fuertes resistencias institucionales, uso desregulado de la objeción de conciencia y falta de acceso equitativo, especialmente en regiones.

En este contexto, el 28 de mayo pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Lejos de imponer decisiones, esta iniciativa busca garantizar un acceso seguro, oportuno y digno a una prestación que ya está disponible en muchos países de América Latina y del mundo. Regular esta práctica reduce la clandestinidad, protege la salud de las mujeres y responde a una deuda con su autonomía y dignidad. Según cifras del Ministerio de Salud, se estima que en Chile ocurren alrededor de 40.000 abortos anuales fuera del marco legal, realizados en condiciones de riesgo para la salud y la vida de mujeres y niñas.

Este nuevo proyecto se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), privilegiando procedimientos seguros y ambulatorios a través del uso de medicamentos, evitando en lo posible las intervenciones invasivas. Además, contempla la atención desde el nivel primario de salud, reconociendo el rol clave de matronas y matrones en el acompañamiento y cobertura de estos servicios.

La evidencia es clara: la despenalización del aborto no aumenta su frecuencia, pero sí disminuye los riesgos asociados, reduce la mortalidad materna (estancada en Chile desde hace más de una década) y combate las inequidades que afectan a las mujeres más vulnerables.

Desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, esta ley no pretende “nivelar” a Chile con los países del llamado primer mundo, sino simplemente cumplir con los compromisos internacionales asumidos y con estándares básicos de calidad y seguridad en salud. Para que este cambio sea real, no basta con legislar: se requiere financiamiento adecuado, políticas públicas consistentes, formación de los equipos de salud y sobre todo, voluntad de implementar los cambios necesarios.

La salud sexual y reproductiva no puede seguir siendo una promesa pendiente ni una consigna ideológica: es una urgencia sanitaria, un imperativo ético y un derecho humano irrenunciable.

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se celebró la certificación del Diplomado en Derechos Humanos 2025. El evento congregó en la casa central a las y los participantes del curso, quienes viajaron desde distintos puntos del país para recibir este reconocimiento.

Hasta Copiapó, llegó Susana Unzaga Orellana, alumna del Diplomado, y docente del Instituto Profesional Santo Tomás de Viña del Mar, quien mencionó las ventajas educativas que le otorgó este cursos universitario. “Yo tuve la oportunidad de cursar este diplomado, el cual me entregó muchas herramientas para continuar formando a otros estudiantes que van a ser futuros profesionales del país. Son ellos los que tienen que garantizar que poblaciones de especial protección sean respetadas en su dignidad, mediante los pactos, las convenciones, maneras de que nosotros podamos lograr que las personas ejerciten sus derechos. A generar esta colectividades desde el espacio que nos corresponde y también cómo trabajamos esto en nuestros territorios”, sentenció Susana Unzaga. 

El Diplomado Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se enmarca en la consolidada y estrecha relación de colaboración entre la Universidad de Atacama y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bajo este convenio, desde el año 2012 se han dictado tres versiones del curso, haciendo posible que participen más de 75 integrantes de distintas universidades, centros de formación técnicas e institutos profesionales del país, gracias a su modalidad online. 

Con esta formación se busca la prevención de las violaciones a los derechos humanos al proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y comprensión para que puedan contribuir a la creación y promoción de una cultura universal de derecho.

En este sentido, Ana Castillo Leyton, directora del Departamento de Trabajo Social, comentó la labor formativa del diplomado: “Su objetivo consiste en otorgar un conocimiento legal de los derechos humanos, pero principalmente busca hacerlo más práctico y que no se hable de los derechos humanos como algo figurativo, sino que como algo que se debe trabajar, comentar cada día y en todas nuestras acciones”. 

Por otro lado, Sara Arena, académica de Departamento de Psicología y alumna del diplomado, habló de las herramientas que adquirió: «Sentí que me ayudó a ordenar muchas ideas, intereses, motivaciones, y me ayudó también a mejorar mi docencia, específicamente con los estudiantes con los que hago la clase de ética profesional. Entonces de alguna manera le da sustento a mi ejercicio profesional y además es muy coherente con los valores, con el modelo educativo, con las competencias generales específicamente de ética que esta universidad abraza. Y Bueno, además antes de llegar a la universidad yo participé en muchos movimientos sociales y, efectivamente, desde ahí había mucha motivación, pero poco conocimiento y el diplomado me ayudó a ordenar eso”. 

Este Diplomado en Educación en Derechos Humanos está pensado en docentes, pero se ha ampliado hacia toda la comunidad educativa: Directivos superiores, funcionarios y funcionarias y a todos quienes trabajan en la formación académica. 

Quien también obtuvo su certificado fue Alejandro Castillo Camblor, analista del Centro de Armonización Curricular y Desarrollo Docente de la UDA. El docente expresó su satisfacción con el diplomado y con las nuevas competencias que pudo adquirir: “Pude sistematizar la declaración de los Derechos Humanos y cómo se hace operativa a través de las convenciones, las declaraciones y también cómo funciona todo el organismo jurídico para de vulneración de los derechos. Me ordenó mucho”. 

El académico, agrega que “El modelo educativo y estratégico de la universidad se hace operativo en el aula a través del desarrollo curricular. Entonces, transversalizar este tema en el currículo nos permite que realmente baje y llegue no solo a la planificación de los académicos, sino que a la implementación en el aula con los estudiantes”.

A continuación, se adjuntan algunas de las fotografías de la jornada:

En un emotivo acto realizado en nuestra casa de estudios, se entregó el título póstumo a Gloria Ana Stockle Poblete, quien fue víctima de asesinato hace 40 años en un recinto militar en Copiapó. En el momento de su trágica partida, cursaba la carrera de Pedagogía General Básica en la UDA. 

El evento fue presidido por autoridades universitarias, incluyendo al rector subrogante Fernando Herrera, la directora de Género, Inclusión y Diversidades e Inclusión, Viviana Rodríguez, y la decana de la Facultad de Humanidades y Educación, Elizabeth Zepeda, quienes destacaron la importancia de honrar la memoria de Gloria Stockle y reafirmar el compromiso de la universidad con los derechos humanos y la justicia social. En palabras del rector subrogante, «Este acto no solo es un reconocimiento merecido a Gloria, sino también un recordatorio de nuestro compromiso permanente con la verdad y la memoria histórica».

Durante la ceremonia, se hizo énfasis en la necesidad de seguir trabajando por la verdad y la justicia en casos como el de Gloria Stockle, subrayando la importancia de las universidades como espacios de reflexión crítica y promotores de la memoria colectiva.

Nuestra institución, en colaboración con diversas organizaciones y a través del Programa Interfacultad para la Investigación y Devolución de Derechos Humanos, continúa desarrollando iniciativas que promueven el respeto y la promoción de los derechos humanos en la sociedad chilena.

El hermano de Gloria expresó su gratitud hacia la universidad. «Muchas gracias a todos y todas. Después de 40 años, mi hermana por fin puede recibir su título. Ella siempre hablaba de lo importante que era para ella, y ahora recibirlo es muy emocionante porque, después de tantos años oscuros, estamos cerrando un ciclo», declaró. Además, agradeció a la prensa y a quienes prestaron su apoyo, destacando el valor de aquellos que, sin miedo, decidieron acompañar y respaldar a la familia en este proceso.

El acto concluyó con un sentido homenaje a Gloria Stockle y su legado de justicia, recordando su sacrificio como un llamado a mantener viva la memoria histórica y seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa.

La casa de estudios superiores publica regional reafirma su compromiso con la equidad educativa y la inclusión a través de la charla magistral “Avanzando hacia una Docencia Inclusiva” y la certificación del Taller de Implementación de Instrumentos de Evaluación para Estudiantes con Condición del Espectro Autista (CEA).

Esta actividad organizada por el los departamentos de Inclusión y Equidad Educativa y Trabajo Social, se llevó a cabo en el Salón de Juicio Oral del área sur de la UDA, y reunió a académicos, estudiantes y especialistas con el objetivo de derribar barreras metodológicas y actitudinales que limitan el aprendizaje.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ana Castillo Leyton, directora del Departamento de Trabajo Social, y de Viviana Rodríguez Venegas, directora de Género, Diversidades e Inclusión, quienes destacaron la importancia de promover una cultura de inclusión en todos los niveles de la institución.

Herramientas para una docencia inclusiva

El evento incluyó la presentación del estudio “Inclusión a la Discapacidad en la Educación Superior: Perspectiva de Académicos y Académicas de Trabajo Social”, seguido de la charla magistral impartida por Casandra Maldonado Muñoz, quien ofreció una visión práctica sobre cómo implementar estrategias inclusivas en la docencia.

Maldonado enfatizó la importancia de generar un entorno inclusivo que beneficie no solo a estudiantes con CEA, sino también a todo el estudiantado, destacando que estas prácticas enriquecen la experiencia educativa y promueven una comunidad académica más diversa y equitativa.

Pía Javiera Ávalos, jefa del Departamento de Inclusión y Equidad Educativa, subrayó la necesidad de minimizar las barreras que afectan el acceso a la educación: “Queremos diversificar la forma en que enseñamos y avanzar hacia una educación desde un enfoque de derechos. La educación debe ser un derecho garantizado para cualquier persona, sin importar su condición”.

Capacitación docente: un paso hacia la transformación

Uno de los momentos destacados fue la certificación de más de una decena de académicos y personal administrativo que participaron en el taller de diseño de estrategias de evaluación inclusiva. Estas capacitaciones, realizadas a principios de 2024, son un hito en el proceso de democratización de la educación universitaria.

Maylin Chou, académica del Departamento de Obstetricia y Puericultura, valoró este avance: “Vamos paso a paso, implementando proyectos de innovación docente con una mirada inclusiva. Este es solo el comienzo, pero tenemos la convicción de lograr una inclusión real para nuestros estudiantes”.

Experiencias y desafíos

Las estudiantes de Trabajo Social tuvieron un rol crucial al compartir sus investigaciones y experiencias. Constanza Rodríguez, tesista, identificó como principal desafío la falta de conocimiento sobre las diferentes formas de discapacidad entre el cuerpo docente, limitando la creación de espacios inclusivos. Por su parte, Fernanda Gómez señaló la necesidad de mejorar la infraestructura y las políticas institucionales para facilitar el trabajo inclusivo de los docentes.

Rafaela Hidalgo, estudiante y trabajadora en una corporación educativa, destacó: “Estas actividades visibilizan las capacidades diferentes y nos entregan herramientas académicas y sociales. Es fundamental que estas instancias no solo incluyan a docentes, sino también a estudiantes”.

Fue una jornada impregnada de recuerdos dolorosos, pero también de reflexión sobre la importancia de la justicia y los derechos humanos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Había una extraña calma en el aire esa mañana del jueves 12 de septiembre, donde más de 100 personas -familiares, autoridades, académicos y estudiantes- se reunieron frente a la Universidad, con el alma oprimida por el susurro de las voces que aún resuenan en los pasillos del tiempo, reclamando su lugar en la memoria colectiva.

La actividad, organizada por el Programa Interfacultad de Investigación y Educación en Derechos Humanos (PIEDH), inició con las palabras del rector Forlin Aguilera, quien destacó la importancia de la memoria colectiva y el compromiso de la universidad con la defensa de los derechos humanos: “Esta actividad responde a una agenda institucional en materia de Derechos Humanos en conjunto con el Programa Interfacultad de investigación y educación de derechos humanos.  A la ruta de la Memoria, que se instala de forma permanente, se suma la participación en el proyecto «Implementación de la participación en el derecho a la memoria de la Universidad de Atacama que releva el patrimonio tangible e intangible institucional referidos a los DD.HH a fin de apoyar la defensa y denuncia en nuestra comunidad educativa”, destacó.

“Cómo la universidad Estado en la región y bajo el enfoque de derechos humanos permeando a nuestros programas de estudios y al ADN de la institución seguiremos avanzando, sin claudicar en la construcción de una memoria histórica, con verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Porque la educación tiene un rol fundamental en este desafío y ponemos nuestras capacidades institucionales a disposición”, finalizó el rector Aguilera.

La memoria como compromiso ético

La «Ruta de la Memoria» inició en el campus central de la universidad, frente a la Biblioteca, con un acto de reflexión sobre el impacto del golpe de Estado en la Universidad Técnica del Estado (UTE), institución que luego se convertiría en la Universidad de Atacama. Se recordó a docentes y estudiantes asesinados en los primeros años de la dictadura, entre ellos el profesor de Física Néstor Leonello Vincenti y el ingeniero Pedro Emilio Pérez Flores, ambos ejecutados por la Caravana de la Muerte en 1973.

Durante este primer momento de la jornada, Fresia Vargas Gallardo, hermana de Guillermo Vargas, joven de 21 años, estudiante de Ingeniería Ejecución en Minas de la Universidad de Atacama (UDA), asesinado por agentes del estado en el año 1984, compartió un emotivo testimonio sobre la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas. “Siento alegría y pena en realidad, porque uno recuerda todo lo que pasó durante esos años, que fue un sufrimiento terrible. Pero feliz también saber que han pasado 40 años y aún lo recuerdan”.

Es curioso cómo la memoria puede ser tan selectiva. Para algunos, los eventos de hace cincuenta y un años parecen tan lejanos como un sueño difuso, una pesadilla mal recordada. Para otros, cada septiembre reviven heridas que nunca sanaron, que no se permiten olvidar. Porque, ¿qué es la memoria si no una construcción compartida, una narrativa que debe alimentarse para no morir?

El golpe que aún resuena

El golpe, ese golpe, llegó a las universidades como un ladrón en la noche, llevándose consigo sueños, esperanzas y vidas. La Universidad Técnica del Estado, en su sede de Atacama, no fue la excepción. Estudiantes, profesores y funcionarios fueron arrancados de sus aulas, no por sus actos, sino por sus ideas. Y aunque la violencia se llevó sus cuerpos, sus nombres no han sido olvidados. En ese día, en esa ruta, esos nombres resonaban nuevamente en las paredes de la universidad, como un eco que se niega a morir.

La segunda parada de la ruta llevó a la comitiva al Casino del Área Norte, donde se abordó el tema de la solidaridad durante la dictadura. Aquí, se destacó el papel de las organizaciones locales, como la Vicaría de la Solidaridad y el Comité Pro Paz, que brindaron apoyo a las víctimas de la represión y a sus familias. 

Sara Arenas, académica del Programa Interfacultad de Derechos Humanos, comentó lo realizado y la importancia que esto conlleva. “Logramos rescatar prácticas de memoria pero también de resistencia y solidaridad. Tuvimos mucha participación de alumnos y alumnas en la preparación de esto, entonces uno siente que igual va marcaron en la vida de los alumnos porque van conociendo la historia de su país y se comprometen con los derechos humanos. Nosotros estamos súper satisfechos y satisfechas por este hito”.

El tercer momento de la ruta, en el Gimnasio Techado Nelson Maya, se centró en la resistencia activa contra la dictadura. Diversos testimonios y presentaciones artísticas resaltaron la importancia de no olvidar a quienes desafiaron el régimen. 

Entre las presentaciones destacó un video con el testimonio de Fernando Rivera, ex estudiante de la UTE y sobreviviente de la represión. Rivera recordó los momentos difíciles que vivió durante los primeros días del golpe y cómo la violencia ejercida por el Estado afectó no solo a él, sino a toda una generación de estudiantes comprometidos con la justicia social.

Oscar Millán, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Atacama, enfatizó que “me parece que la universidad tenía una deuda pendiente con las personas detenidas desaparecidas que formaron parte de la universidad, pero me parece que hoy en día se esté saldando está deuda con una base increíble para lo que es la verdad y la justicia de estas personas”.

La resistencia: una llama que no se apaga

Cuando la comitiva llegó al Casino del Área Norte, la atmósfera cambió ligeramente. La palabra «solidaridad» llenaba el espacio, recordando que, en medio de la oscuridad, siempre hubo quienes extendieron una mano amiga. Las organizaciones, como la Vicaría de la Solidaridad y el Comité Pro Paz, surgieron como un faro en la noche más oscura, apoyando a las víctimas de la represión. A menudo, fueron las mujeres quienes encabezaron estas acciones. Cartas clandestinas, mensajes ocultos en los pliegues de los vestidos, encierros y protestas en las iglesias. La resistencia, aunque silenciosa, era imparable.

Lissette Vega, estudiante de psicología de la Universidad de Atacama, destacó la actividad en memoria de los detenidos desaparecidos. “La actividad me parece fundamental, en el sentido de preservar la memoria histórica y del país. Así que ojalá esto se siga repitiendo en todas las universidades, sean estatales y/o privadas”.

La última parada fue el espacio que alojaba el ex instituto profesional Benjamín Teplizky en el corazón que divide las áreas Norte y Sur de la UDA, donde se descubrió una placa conmemorativa en honor a las víctimas de la represión, un gesto simbólico que refuerza el compromiso de la universidad con la memoria histórica. 

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodrigo Cardozo, complementó estas palabras recordando que la memoria no solo es un acto de homenaje, sino también una herramienta para prevenir que estas tragedias se repitan en el futuro. “Esto lo hacemos con el objetivo de combatir el olvido de las víctimas, violaciones y torturas que se realizaron durante la dictadura cívico-militar, y que en este caso especial afectaron a profesores, profesoras y estudiantes de nuestra casa de estudio. Es importante mantener el recuerdo; es importante que no lo olvidemos. También es muy importante que esto sea una actividad que involucre a todos nuestros estudiantes, de manera de garantizar que la garantía de no repetición, que el Estado de Chile está obligado a cumplir por condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podamos cumplirla también desde una universidad pública como la nuestra. Por eso, en conmemoración del dolor de tantos y tantas que lucharon por la democracia, una actividad como esta es muy significativa”.

Finalmente, un grupo de estudiantes cerró la ceremonia con una emotiva presentación artística que rindió homenaje a quienes, hace 51 años, lucharon por la libertad y la dignidad de un país herido por la violencia.

Te invitamos a ver la galería fotográfica con las postales de esta conmemoración:

El apoyo a este compromiso, nuestra institución a través del Programa Interfacultad de Investigación y Educación en Derechos Humanos  conformado por las Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Humanidades y Educación fue parte del seminario «Conmemorando 51 años en la lucha de los Derechos Humanos», organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Agrupación Cultural y Social de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama. 

La Decana de la Facultad de Humanidades y Educación, Elizabeth Zepeda, destacó la iniciativa, señalando que “Esta jornada fue especialmente relevante para la universidad, ya que subrayó la importancia de las humanidades en las sociedades contemporáneas a nivel local y global. La voz de la presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología añadió un importante contexto ético, destacando el compromiso estudiantil con los derechos fundamentales, incluyendo la lucha contra el acoso y la injusticia”. 

“Creo que esta iniciativa contribuye a nuestro compromiso con el respeto a la diversidad y la inclusión. Escuchar a Carlos Margota y a las autoridades académicas y estudiantiles nos ha inspirado a valorar los avances institucionales, como nuestros propios proyectos para integrar el estudio de los Derechos Humanos y otros temas relevantes en nuestro currículo”, destacó la Decana.

El evento tuvo lugar en Sede Copiapó y Vallenar, permitiendo así descentralizar iniciativas que buscan precisamente la participación de la ciudadanía. 

Lidia Rojas Aguirre, participante, y hermana de Víctor Hugo Rojas Aguirre, quien en la época del gobierno de Salvador Allende fue el gobernador de Vallenar, se refirió a la iniciativa. 

“Ojalá que haya un despertar y con estas reuniones puede que haya un interés o resurgimiento, para que haya un cambio. Desde la llegada de la democracia, el avance hacia una justicia social más equitativa ha sido insuficiente. Confiamos en que estos encuentros puedan motivar un cambio más profundo, tal como esperábamos con el retorno a la democracia.”, reflexiona Lidia. 

Por su parte, Yorka Urqueta Torrejón, quien también participó de este espacio señaló “Es importante conocer los derechos humanos sobre todo para ejercerlos y también para ayudar a la participación ciudadana”.

Finalmente, Guido Díaz Silva, hermano de Lenin Díaz, quien fue detenido y desaparecido, y Galvarino Díaz, hermano que falleció en el exilio, comentó “Considero que el impacto del seminario podría ser significativo, especialmente si se da a conocer adecuadamente. Aunque no llegue mucha gente a estos eventos, creo que la difusión será clave para dar a conocer estos temas”. 

Seminario

Ambas jornadas estuvieron lideradas por Carlos Margotta Trincado, reconocido abogado y defensor de víctimas de la Dictadura en Chile, quien compartió su visión sobre la situación actual de los Derechos Humanos en el país, en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado de Chile.

“Nos interesa que los estudiantes comprendan la importancia de integrar formalmente los derechos humanos en los curriculum de universidades estatales como esta. La educación en derechos humanos, tanto formal como informal, es crucial para evitar tragedias como la dictadura que vivimos. Conmemoramos 50 años del golpe de estado, recordándonos los déficits como Estado y sociedad en la construcción de un “nunca más”. Es fundamental que la formación en derechos humanos sea obligatoria y no duplicativa en todos los niveles educativos”, señaló Margotta. 

El abogado, agrega que en nuestra casa de estudios ha podido dar cuenta un fuerte impulso y convicción para avanzar en este ámbito, con programas y proyectos que incorporan la perspectiva de género y derechos humanos de manera relevante. “Necesitamos que las nuevas generaciones defiendan los derechos humanos y los avances democráticos contra ideologías regresivas”, concluyó Carlos Margotta.

Margotta es fundador de la Asociación Americana de Juristas – Sección Chile y la Agrupación de Abogados Defensores de Presos Políticos, además de ser presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

Este evento representa un paso significativo en el compromiso continuo de la Universidad de Atacama con la promoción y protección de los Derechos Humanos, reafirmando su rol como un centro de excelencia académica comprometido con el desarrollo integral de la sociedad.

Junto con reprobar enfáticamente todo acto de violencia y transgresión a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, sostenemos que el camino del diálogo y la paz son irreemplazables para la coexistencia social. Apelamos a que las partes puedan negociar y alcanzar soluciones que permitan restablecer la convivencia pacífica.

Finalmente, manifestamos nuestro apoyo a las comunidades académicas, de estudiantes, y a cada una de las personas que forman parte de las universidades de Ucrania, y nos ponemos a disposición para canalizar la ayuda que puedan requerir.