La iniciativa “Yo Tengo el Control” busca promover el acceso a información y prestaciones de salud sexual y reproductiva con enfoque de género dentro de la comunidad universitaria.

En el marco del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Atacama y APROFA, se realizó la jornada de formación de monitoras y monitores de la campaña “Yo Tengo el Control”, iniciativa orientada a fortalecer la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género en la comunidad universitaria.

La actividad, desarrollada el 19 de mayo, contó con la participación de la matrona del Centro Universitario Promotor de Salud (CUPS), Constanza Anjel, y de la trabajadora social del Departamento de Género, Paulina Bailón, quienes abordaron contenidos vinculados a educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, y la relevancia del control ginecológico.

Durante la jornada se promovieron principios fundamentales como el consentimiento, la autonomía, la prevención de las violencias de género y el fortalecimiento de relaciones basadas en el respeto y la equidad, entregando herramientas para la promoción de la salud y el bienestar estudiantil.

La formación incorporó un enfoque de género orientado a fomentar espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación, además de fortalecer el rol de las y los estudiantes de Obstetricia y Puericultura como agentes promotores de cambio dentro de la comunidad universitaria.

Asimismo, se relevó la importancia de generar instancias de sensibilización y acceso a información confiable sobre derechos sexuales y reproductivos, contribuyendo al bienestar integral de las y los estudiantes.

Leonardo Reyes, coordinador del convenio UDA–APROFA, explicó que “Yo Tengo el Control” es una iniciativa “desarrollada en el marco del convenio entre la Universidad de Atacama y APROFA, con la participación de la Dirección de Género, Diversidades e Inclusión, a través de su Departamento de Género; la Dirección de Asuntos Estudiantiles mediante el CUPS, y estudiantes de la asignatura Promoción de la Salud II de la carrera de Obstetricia y Puericultura”.

El académico del Departamento de Obstetricia y Puericultura agregó que el objetivo de la campaña es “fortalecer el acceso de estudiantes a prestaciones de salud sexual y reproductiva dentro de la universidad, promoviendo especialmente el control ginecológico y la educación en derechos sexuales y reproductivos”.

Asimismo, indicó que el taller de inducción estuvo dirigido a estudiantes que posteriormente desarrollarán intervenciones educativas en distintos espacios universitarios en el marco de la campaña. En ese contexto, destacó que las profesionales expositoras “entregaron herramientas fundamentales para que las y los estudiantes puedan transformarse en agentes promotores de salud dentro de la comunidad universitaria”.

Por su parte, la Directora de Género, Diversidades e Inclusión de la UDA, Viviana Rodríguez, manifestó que “La promoción de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental para avanzar hacia una comunidad universitaria más informada, inclusiva y libre de violencias. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Universidad de Atacama con la formación integral de sus estudiantes, fortaleciendo espacios seguros donde la autonomía, el consentimiento y el acceso a información confiable sean pilares del bienestar estudiantil. Valoramos especialmente el rol de las y los estudiantes como agentes de cambio y promotores de una cultura basada en el respeto, la equidad y los derechos humanos”.

La jornada fue organizada por los académicos Claudio López Labarca y Leonardo Reyes, del Departamento de Obstetricia y Puericultura UDA, quienes, en el marco del convenio de colaboración con la Universidad Diego Portales (UDP), forman parte de un equipo de investigación nacional sobre derechos sexuales y aborto en Chile. Este equipo está integrado por académicas y académicos de diversas casas de estudio del país, entre ellas nuestra casa de estudios, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Diego Portales, el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) de la Universidad de Chile, y la Universidad Austral de Chile.

La II Jornada de Derechos Sexuales y Reproductivos tuvo como objetivo principal abrir espacios de reflexión y diálogo en torno a temáticas que, si bien son centrales para la formación en salud, muchas veces no se abordan en profundidad en el aula. Así lo expresó Isadora Concha, estudiante de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias de la Salud UDA, quien destacó que “el seminario fue muy interesante, principalmente porque son temas que no se tocan mucho dentro del aula, como la objeción de conciencia, que no es algo que se conozca bien y que genera muchas dudas”.

Por su parte, el lanzamiento del Policy Brief reunió en Copiapó al equipo investigador, junto a autoridades académicas, representantes de instituciones públicas, actores políticos y tomadores y tomadoras de decisiones vinculados directa o indirectamente a estas materias. El documento es uno de los principales productos del trabajo investigativo conjunto y busca incidir en la mejora de la formación de profesionales de la salud, con el fin de fortalecer el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, disminuir barreras de acceso y problemáticas como la objeción de conciencia.

Durante la actividad, Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, explicó que el estudio que dio origen al Policy Brief es un trabajo multicéntrico que analizó aptitudes, actitudes y opiniones de estudiantes de Medicina y Obstetricia, así como de sus docentes, a lo largo del país. “La formación de pregrado es clave, porque los futuros profesionales de la salud son quienes habilitan a las personas para el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en el acceso a la salud sexual y reproductiva y al aborto en las tres causales”, señaló. Asimismo, subrayó el rol de las universidades como instituciones con responsabilidad social y la necesidad de incorporar enfoques de derechos humanos, ética, no discriminación y trato digno en la formación profesional.

En la misma línea, el académico de la UDA Claudio López Labarca destacó que el Policy Brief contiene siete recomendaciones concretas orientadas a fortalecer la formación en salud sexual y reproductiva. “La idea es que estas recomendaciones puedan incorporarse progresivamente en los planes de estudio, a través de contenidos y resultados de aprendizaje pertinentes, que entreguen una formación básica y transversal acorde a la realidad actual de Chile, independiente de si los futuros profesionales ejercerán o no directamente estas prestaciones”, explicó.

Desde la perspectiva del equipo investigador, Henry Castro Arias, ginecólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, recalcó que el documento surge a partir de las percepciones recogidas en estudiantes y docentes a lo largo del país. “La formación es un pilar fundamental para eliminar las barreras de acceso a la atención en salud sexual y reproductiva. Cuando existen falencias formativas, ideológicas o institucionales, las mujeres pueden recibir atenciones fragmentadas o derechamente no recibirlas, lo que afecta especialmente a quienes viven en regiones o en zonas rurales”, indicó.

Finalmente, el equipo anunció que el Policy Brief estará próximamente disponible para descarga libre, con el objetivo de ampliar el debate y generar conciencia tanto en las universidades formadoras como en instancias estatales y ministeriales, reafirmando el compromiso de la Universidad de Atacama con una formación integral, pluralista y respetuosa de los derechos humanos.

Te compartimos algunas fotografías de la jornada:

Las recientes declaraciones que han tildado el acceso al aborto y otras prestaciones de salud como “privilegios del primer mundo”, junto con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, nos obligan a recordar un hecho fundamental: la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, reconocido internacionalmente y ratificado por Chile mediante tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). Minimizar o reinterpretar estos derechos desde lógicas político- ideológicas, puede poner en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas.

Chile aún tiene una deuda pendiente con el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Los avances que se han logrado han sido, en su mayoría, producto de dolorosos casos mediáticos y de la persistente presión de la sociedad civil. Hoy contamos con leyes que abordan parcialmente estos derechos, como la ley Dominga sobre el manejo y acompañamiento de pérdida gestacional y perinatal (Ley 21.371), la Ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Ley 20.418) y la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley 21.030). Además, existen normativas orientadas al acceso a métodos anticonceptivos y a la atención de personas de la diversidad sexual y población trans, entre otras.

Sin embargo, la sola existencia de normas no garantiza su cumplimiento. Numerosos estudios y experiencias muestran que persisten barreras estructurales y operativas en el sistema de salud que limitan el ejercicio efectivo de estos derechos. El caso de la Ley IVE es ilustrativo: su implementación ha enfrentado fuertes resistencias institucionales, uso desregulado de la objeción de conciencia y falta de acceso equitativo, especialmente en regiones.

En este contexto, el 28 de mayo pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Lejos de imponer decisiones, esta iniciativa busca garantizar un acceso seguro, oportuno y digno a una prestación que ya está disponible en muchos países de América Latina y del mundo. Regular esta práctica reduce la clandestinidad, protege la salud de las mujeres y responde a una deuda con su autonomía y dignidad. Según cifras del Ministerio de Salud, se estima que en Chile ocurren alrededor de 40.000 abortos anuales fuera del marco legal, realizados en condiciones de riesgo para la salud y la vida de mujeres y niñas.

Este nuevo proyecto se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), privilegiando procedimientos seguros y ambulatorios a través del uso de medicamentos, evitando en lo posible las intervenciones invasivas. Además, contempla la atención desde el nivel primario de salud, reconociendo el rol clave de matronas y matrones en el acompañamiento y cobertura de estos servicios.

La evidencia es clara: la despenalización del aborto no aumenta su frecuencia, pero sí disminuye los riesgos asociados, reduce la mortalidad materna (estancada en Chile desde hace más de una década) y combate las inequidades que afectan a las mujeres más vulnerables.

Desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, esta ley no pretende “nivelar” a Chile con los países del llamado primer mundo, sino simplemente cumplir con los compromisos internacionales asumidos y con estándares básicos de calidad y seguridad en salud. Para que este cambio sea real, no basta con legislar: se requiere financiamiento adecuado, políticas públicas consistentes, formación de los equipos de salud y sobre todo, voluntad de implementar los cambios necesarios.

La salud sexual y reproductiva no puede seguir siendo una promesa pendiente ni una consigna ideológica: es una urgencia sanitaria, un imperativo ético y un derecho humano irrenunciable.