El proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico, ingresado a la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2026, ha abierto un debate intenso en el país. No podía ser de otra forma. La iniciativa toca materias especialmente sensibles: crecimiento, inversión, empleo, vivienda, permisos e institucionalidad. Presentado por el Ejecutivo como una respuesta para reactivar la economía y restablecer certezas, el proyecto concentra hoy tanto respaldos como objeciones.

Sin embargo, en Atacama la discusión no debería agotarse en la simple adhesión o rechazo. Mientras a nivel nacional la controversia se ordena en torno a posiciones ideológicas y políticas, nuestra región necesita formular una pregunta distinta: si estas reformas, en caso de avanzar, pueden transformarse en una oportunidad real para fortalecer no solo el crecimiento, sino también el desarrollo regional.

Y esa diferencia no es menor. Atacama conoce bien la distancia entre crecer y desarrollarse. Durante décadas ha sido una de las regiones que más riqueza genera para Chile. Su base minera y su especialización en actividades intensivas en recursos naturales la han convertido en un territorio estratégico para la economía nacional. Pero también sabemos que ese dinamismo no siempre se ha traducido en una estructura productiva más diversificada, en proveedores locales más robustos, en mayor sofisticación tecnológica ni en una acumulación suficiente de capacidades dentro del territorio. Muchas veces el crecimiento ha sido evidente, pero el desarrollo regional ha quedado atrás.

Por eso, la pregunta de fondo no debiera ser únicamente si el proyecto mejorará ciertos indicadores macroeconómicos. La cuestión verdaderamente importante para Atacama es si estas medidas pueden ayudarnos a construir una trayectoria de desarrollo más sólida, menos dependiente y con mayor capacidad de retener valor agregado dentro de la región.

En esa discusión hay dos elementos especialmente relevantes. El primero es la flexibilización y racionalización de permisos. El proyecto propone avanzar hacia una institucionalidad más ágil en autorizaciones sectoriales y evaluación ambiental, con el objetivo de destrabar inversión, reducir incertidumbre y acelerar proyectos. En principio, esto podría ser positivo para una región como Atacama, donde los retrasos, la dispersión de criterios y la incertidumbre regulatoria suelen frenar iniciativas relevantes.

Pero aquí aparece el punto decisivo. Atacama no necesita simplemente aprobar más rápido cualquier inversión. Necesita priorizar aquellos proyectos que, además de movilizar capital, fortalezcan capacidades regionales. La pregunta no es solo cuánto se invierte, sino qué tipo de inversión se habilita y cuánto valor deja en el territorio. Si esta flexibilización se aplica con visión estratégica, podría impulsar una cartera regional vinculada a infraestructura hídrica, desalación, energía solar, almacenamiento energético, vivienda, infraestructura logística, servicios tecnológicos, mantenimiento industrial avanzado y nuevos encadenamientos con la minería. Si no se hace así, el riesgo es repetir una historia conocida: más actividad en el corto plazo, pero sin transformación estructural duradera.

El segundo elemento relevante es el nuevo crédito al empleo formal. El proyecto incorpora este instrumento para reducir el costo de contratación, especialmente en tramos de remuneraciones bajas y medias, y con ello promover el empleo formal. Para Atacama, esto podría abrir una oportunidad importante, pero bajo una condición esencial: que el incentivo no se limite a aumentar el número de contratos, sino que se vincule con productividad, capacitación y fortalecimiento del tejido empresarial regional.

Porque el desafío de Atacama no es solo generar más empleo, sino crear mejor empleo. Empleo que permita formar capital humano, elevar competencias técnicas, incorporar digitalización, mejorar gestión, certificar oficios y especializar a trabajadores y empresas en sectores con potencial de escalamiento. Si el crédito al empleo formal se articula con áreas como mantenimiento predictivo, automatización, operación de sistemas energéticos, gestión hídrica, monitoreo industrial, logística especializada y servicios técnicos avanzados, puede transformarse en una herramienta útil para densificar la economía regional y no solo para aliviar coyunturalmente los costos laborales.

Ese es, en el fondo, el centro de la discusión. Las regiones no se desarrollan únicamente porque llegue inversión o porque aumente la ocupación. Se desarrollan cuando logran convertir esas dinámicas en capacidades locales acumulativas: proveedores más fuertes, empresas más sofisticadas, trabajadores más calificados, instituciones más coordinadas y una mayor proporción del valor agregado quedándose dentro del territorio. Ese debiera ser el horizonte de Atacama.

Por eso, frente al intenso debate que hoy rodea al proyecto, nuestra región no puede limitarse a mirar desde la galería ni a repetir los argumentos de aprobación o rechazo que circulan a nivel nacional. Atacama necesita intervenir en esta discusión con voz propia y con una agenda clara: construir una cartera regional de proyectos estratégicos, fortalecer proveedores locales para que la nueva inversión no se fugue fuera del territorio y articular empleo, formación técnica, universidad, innovación y productividad en torno a los sectores donde la región tiene mayores oportunidades.

Si esas condiciones no se construyen, el escenario puede ser el de siempre: llegan proyectos, mejoran algunos indicadores, aumenta transitoriamente la actividad, pero el conocimiento, la tecnología y buena parte del excedente económico siguen concentrándose fuera de Atacama. Eso no sería desarrollo regional. Sería, una vez más, crecimiento sin raíces suficientes en el territorio. Pero si Atacama aprovecha esta coyuntura con visión estratégica, estas reformas podrían transformarse en una palanca para modernizar su base productiva, fortalecer su tejido empresarial y avanzar hacia un crecimiento con mayor permanencia, articulación y valor agregado local.

En medio de fuertes apruebos y desapruebos, esa es la discusión que realmente importa para Atacama. No solo si el proyecto divide al país, sino si la región será capaz de convertir esa disputa nacional en una oportunidad concreta para su propio desarrollo. Porque Atacama no necesita solo crecer más. Necesita, sobre todo, crecer mejor.

• Carolina Blanco, Directora de Innovación, Desarrollo y Transferencia, Universidad de Atacama
• Dr. Karl Riveros, académico del Departamento de Geología, Universidad de Atacama

A fines de enero de 2026 se concretó un hito relevante para la minería chilena con la entrega oficial de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos (ENMC). Más que un acto administrativo o político, este proceso da cuenta de la definición de una hoja de ruta productiva para las próximas décadas, en un contexto donde Chile busca consolidar su rol como país minero en el escenario global.

En este marco, la participación del rector de la Universidad de Atacama, Forlin Aguilera, como representante de la academia y las regiones en el Comité de Alto Nivel, refuerza una convicción central de que esta no puede ser una estrategia concebida únicamente desde una lógica centralista, sino que debe construirse a partir de las realidades territoriales, incorporando la voz de las regiones y sus comunidades.

Con el documento ya sobre la mesa, el foco se desplaza hacia la implementación. La Universidad de Atacama se distingue por gestionar una innovación con pertinencia territorial, entendiendo que las soluciones tecnológicas deben responder a nuestra cuenca y nuestra gente. Por ello, hemos articulado un comité multidisciplinario de expertos, en geología, metalurgia, minas, industria y derecho, para asegurar que la estrategia nacional converse con la vocación de nuestra región.

Desde este núcleo de pensamiento regional, advertimos que el desafío social más relevante está en la Pequeña y Mediana Minería.

Contrario a la creencia común, los minerales críticos no son exclusivos de la gran industria. La región de Atacama posee una particularidad única que concentra la mayor actividad de mediana y pequeña minería del país y simultáneamente, hospeda las mayores reservas nacionales de Cobalto y probablemente la segunda mayor anomalía de Tierras Raras. Estos minerales estratégicos conviven en los mismos yacimientos que nuestros mineros ya trabajan. Sin embargo, hoy son invisibles para ellos.

La gran barrera no es solo geológica, es de mercado. Mientras las grandes compañías pueden exportar directamente estos productos, el pequeño minero depende de poderes de compra locales. Debido a que hoy no se paga por el Cobalto o las Tierras Raras, estos recursos de alto valor terminan descartados en relaves o vendidos como simple cobre.

Aquí radica la misión de la innovación pública. El objetivo es transformar al productor tradicional en uno polimetálico. Esto requiere, como nos indican nuestros especialistas, tecnologías de caracterización geológica y metalúrgica compleja, pero sobre todo, requiere modernizar el poder comprador estatal para crear un mercado justo. Si logramos que la implementación de esta estrategia baje a la realidad de las pequeñas faenas en los distintos territorios de nuestra región, estaremos logrando la verdadera soberanía estratégica. No solo exportaremos minerales; exportaremos un modelo de desarrollo inclusivo, diseñado y pensado desde la región.