- La actividad abierta y formativa se desarrolló en la UDA bajo el alero de un convenio vigente y abordó competencias clave del tribunal, la determinación del daño y el marco regulatorio actual.
Por la Dirección de Vinculación y Comunicaciones
Con el objetivo de descentralizar el conocimiento legal en materia ecológica y dotar a la ciudadanía de herramientas prácticas, el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, visitó la UDA para dictar la capacitación del «Manual de Acceso a la Justicia Ambiental – Tomo I».
El encuentro, de carácter abierto y formativo, congregó en el campus a académicos, académicas, estudiantes de Derecho y ciencias afines, además de profesionales de servicios públicos y organizaciones civiles interesadas en la materia. La instancia se centró en tres ejes fundamentales: las obligaciones del Estado chileno bajo el marco del Acuerdo de Escazú, las competencias técnico-jurídicas del Tribunal Ambiental y los criterios complejos para la determinación del Daño Ambiental.
Al respecto, el rector de la UDA, Forlín Aguilera, destacó el impacto de este hito en la zona: “Valoramos la iniciativa del Primer Tribunal Ambiental, que se enmarca en los esfuerzos de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, acercando la justicia ambiental a la ciudadanía y fortaleciendo el acceso a la información y la participación. Felicito a la dra. Pía Moscoso Restovic por su compromiso y liderazgo, así como a nuestra facultad de ciencias jurídicas y sociales por promover espacios de reflexión y vinculación con el medio. Como Universidad de Atacama, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la formación ciudadana y el desarrollo sostenible de nuestros territorios”.
Reduciendo brechas desde la bidireccionalidad
Para la academia, esta jornada responde al rol público que le compete a la institución frente a desafíos críticos del entorno, como la minería y el estrés hídrico. La Dra. Pía Moscoso, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, explicó el valor pedagógico de la actividad: “La vinculación institucional nos obliga desde la bidireccionalidad a identificar las brechas de conocimiento y ver cómo colaborar en ellas. En materia ambiental, nuestra misión en ciencias jurídicas es acercarnos desde la difusión de derechos. Este manual cumple un rol fundamental con el Acuerdo de Escazú y con nuestra propia misión, acercándonos a través de una herramienta de fácil acceso a la mejor y más eficiente tutela de derechos”.
Por su parte, Benjamín Santander Cortés, estudiante de la carrera de Derecho, valoró el acercamiento de los organismos públicos hacia el estudiantado: “Somos una universidad pública y consideramos muy importante darle relevancia al recurso hídrico y al medio ambiente en una región rodeada de minería. Estas instancias nos dotan de información, nos inspiran a través de las figuras de los ministros y nos permiten proyectar nuestra futura experiencia laboral en estas instituciones”.
Mirando hacia el futuro, el Ministro Presidente Primer Tribunal Ambiental Alamiro Hernández adelantó que ya existen conversaciones para materializar proyectos de mayor envergadura. “Esto es un proceso de construcción. Más allá de la bajada de la guía y la capacitación a corto plazo, a mediano plazo conversábamos la idea de plasmar un programa transdisciplinario, tal vez una clínica que involucre a futuros abogados, ingenieros, ecólogos y sociólogos que les dé soporte técnico a los municipios y al Gobierno Regional para acceder con más robustez a los tribunales ambientales”, concluyó la autoridad judicial.
