Por: María Díaz Campillay, académica y Subdirectora del Departamento de Industria y Negocios.
El reciente rechazo de las partidas de Educación y Ciencia en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que trasciende las cifras fiscales. El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) ha advertido sobre las reducciones propuestas para la educación superior y la investigación científica. Este escenario invita a preguntarnos qué consecuencias podrían tener las decisiones presupuestarias actuales para el desarrollo de nuestras regiones.
En Atacama, esta reflexión adquiere especial relevancia. La minería ha sido históricamente uno de los principales motores de nuestra economía, generando empleo, inversión y oportunidades. Sin embargo, también es necesario preguntarnos si estamos construyendo las condiciones para que, dentro de diez años, nuestra región cuente con una economía más diversificada y capaz de generar nuevas actividades productivas.
La responsabilidad fiscal es necesaria, especialmente cuando los recursos públicos son limitados y existen múltiples necesidades que atender. Pero también debemos considerar que la investigación científica, la formación de investigadores y el fortalecimiento de las universidades requieren continuidad. Son inversiones cuyos resultados no siempre se observan de inmediato, pero que pueden contribuir al desarrollo económico y social de los territorios.
Atacama enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, la sostenibilidad de la minería, la incorporación de nuevas tecnologías y la diversificación productiva. Abordarlos requiere conocimiento, innovación y profesionales preparados para responder a las necesidades regionales. En este escenario, las universidades cumplen un papel fundamental, no solo formando capital humano, sino también generando soluciones y fortaleciendo su vinculación con los sectores productivos.
Por ello, las decisiones sobre financiamiento universitario y científico no deberían evaluarse únicamente desde una perspectiva de ahorro inmediato. También resulta necesario considerar sus posibles efectos sobre las capacidades que las regiones necesitan desarrollar y mantener a largo plazo.
Imaginar Atacama en 2035 implica pensar en una región donde la minería continúe siendo relevante, pero donde también existan nuevas oportunidades vinculadas al conocimiento, la tecnología y el emprendimiento. Alcanzar ese escenario dependerá de las decisiones que tomemos hoy y de nuestra capacidad para sostener una visión de desarrollo que trascienda los ciclos presupuestarios.
Porque el verdadero desafío no es solamente decidir cuánto invertir en 2027, sino preguntarnos qué Atacama queremos construir para 2035.