A principios de mayo el comité de Expertas del MESECVI (Mecanismo de seguimiento a los acuerdos de la Convención Belém do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) a través de una declaración se pronunció su preocupación por casos de desaparición y femicidio de mujeres en la región de Atacama.
Esto puso nuevamente en evidencia una realidad dolorosa que no podemos seguir ignorando: en la región de Atacama, la desaparición y asesinato de mujeres se vuelve un patrón que evidencia fallas sistemáticas en la gestión institucional de lo pericial hasta lo indagativo en estas causas.
Los crímenes contra Fernanda Cortés, Marta Bustos, Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elguera comparten experiencias comunes: Un sistema judicial que no ha sabido dar respuesta oportuna y diligente a sus respectivos procesos investigativos. ¿Qué otro factor tienen en común estos casos? Se trata de mujeres jóvenes, de sectores populares o históricamente marginados, condiciones suficientes al parecer para hacer flaquear a un sistema que debiese garantizar igualdad y dignidad para las víctimas, como justicia y reparación a las familias que les sobreviven. Sin embargo, a la luz de los hechos sabemos que persiste la impunidad, la falta de respuesta oportuna y la revictimización hacia quienes exigen justicia.
El pronunciamiento del Comité no surge del vacío. Se basa en el marco normativo de derechos humanos que rige a los Estados firmantes de la Convención de Belém do Pará -al que nuestro país suscribe- y recoge precedentes internacionales como la sentencia del caso “Campo Algodonero”, que establece obligaciones claras para investigar, sancionar y reparar con perspectiva de género. Estos estándares nos recuerdan que la justicia debe ser una garantía efectiva que el Estado debe asegurar con debida diligencia reforzada.
El Comité también expresa preocupación por las denuncias de amedrentamiento hacia familiares y organizaciones feministas, así como por el uso de estereotipos de género en las investigaciones judiciales -centrando las pesquisas en su vida amorosa, su vestimenta o el horario en que fue vista-, prejuicios que no solo desvían el foco del delito, sino que se perpetúa una cultura institucional que justifica o minimiza la violencia.
Lo que está en juego no son meras cifras, sino vidas truncadas, duelos suspendidos y comunidades que enfrentan cotidianamente el miedo y la desprotección. Atacama puede y debe convertirse en un territorio que marque el inicio de un nuevo camino: uno donde la justicia sea efectiva, la memoria sea colectiva y la prevención sea real.
Este llamado del MESECVI debe ser entendido como una alerta ética y política. Es una invitación a desnaturalizar la violencia, a fortalecer la institucionalidad con enfoque de género y a garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Chile tiene compromisos internacionales que no pueden seguir siendo postergados. Actuar con responsabilidad y diligencia no es solo una obligación legal: es un deber democrático.