Columa de opinión de: Héctor Fuentes Castillo. Doctor en Economía Aplicada y Director Departamento de Industria y Negocios.
Durante buena parte del siglo XX, el proteccionismo fue una estrategia económica dominante en numerosos países. Este modelo buscaba proteger las industrias nacionales mediante aranceles elevados, subsidios estatales y barreras no arancelarias al comercio. Bajo esta lógica, se privilegiaba la sustitución de importaciones como mecanismo para fomentar la industrialización y el empleo. Chile no fue la excepción: durante las décadas de 1950 y 1960, aplicó una política proteccionista orientada al desarrollo de su base manufacturera, aunque con resultados mixtos en términos de eficiencia y productividad.
Sin embargo, a partir de la década de 1970 y con mayor intensidad en los 90, el modelo proteccionista dio paso a una apertura comercial sin precedentes. En un contexto de globalización creciente, los Tratados de Libre Comercio (TLC) se consolidaron como herramientas claves para potenciar las ventajas comparativas de cada región. El objetivo era permitir que cada país se especializara en aquellas actividades donde fuera más eficiente, promoviendo un crecimiento económico basado en el comercio internacional.
El auge de los TLC en la década de 1990 respondió a una visión de integración que favorecía cadenas globales de valor, la reducción de aranceles y una creciente armonización de normas técnicas y sanitarias. Chile fue uno de los países más activos en esta estrategia, firmando más de 30 acuerdos comerciales con diversas economías. El TLC con Estados Unidos, vigente desde 2004, fue uno de los pilares de esta estrategia. A través de estos acuerdos, se buscaba atraer inversión extranjera, mejorar la competitividad y diversificar la matriz productiva.
Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado. El retorno de políticas proteccionistas desde países desarrollados como Estados Unidos marca un punto de inflexión. La decisión del gobierno estadounidense de imponer un arancel mínimo de 10% a sus socios comerciales, incluyendo a Chile, representa un retroceso en los principios del libre comercio. Esta medida impacta directamente en la competitividad de las exportaciones chilenas, particularmente en sectores como la fruticultura, la vitivinicultura y la acuicultura. Además, este tipo de medidas proteccionistas puede generar presión cambiaria, debilitando al peso chileno frente al dólar debido a la reducción en los flujos de divisas y al aumento en la percepción de riesgo país.
En este nuevo escenario, conceptos como crecimiento endógeno y gestión del conocimiento cobran una relevancia crítica. El crecimiento endógeno plantea que el progreso económico sostenido no depende solo de factores externos (como el comercio), sino de la capacidad interna de innovar, aprender y generar conocimiento. Chile necesita fortalecer su base de capital humano, su sistema de I+D y su capacidad institucional para generar innovación desde dentro.
La gestión del conocimiento, en tanto, se convierte en una herramienta estratégica para enfrentar escenarios de incertidumbre. Implica capturar, compartir y aplicar el conocimiento crítico dentro de los sectores productivos, fortaleciendo la adaptabilidad y la competitividad. En el contexto de un alza arancelaria del 10%, las empresas chilenas deben reconfigurar sus cadenas logísticas, buscar nuevos mercados y diversificar productos, todo lo cual requiere un manejo inteligente del conocimiento disponible.
En definitiva, la crisis actual no sólo evidencia la fragilidad del sistema comercial multilateral, sino que también obliga a países como Chile a repensar su modelo de desarrollo. El desafío es avanzar desde una estrategia basada en el acceso preferente a mercados hacia una basada en la innovación, la sofisticación productiva y la generación de conocimiento propio. Solo así, el crecimiento endógeno podrá consolidarse como el motor de una economía resiliente, diversificada y con mayor autonomía estratégica.