Columna por: Claudio López Labarca, académico del Departamento de Obstetricia.
La reciente solicitud de revisión presupuestaria del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud (que sugiere ajustar o descontinuar 46 programas para el año 2027) abre un debate que trasciende lo técnico económico. No se trata sólo de cifras, se trata de decisiones que pueden impactar directamente en la vida, la salud y la dignidad de las personas.
Diversas organizaciones científicas y profesionales, como el Colegio Médico y el Colegio de Matronas y Matrones, han advertido sobre las consecuencias de esta eventual medida. En este contexto, resulta imprescindible reflexionar sobre las posibles causas que originarían esta recomendación, como también sobre las implicancias reales que tendría para el sistema de salud chileno una decisión como la ya descrita.
Uno de los argumentos que sustenta la recomendación de ajuste radica en problemas de ejecución presupuestaria. Sin embargo, reducir esta situación sólo a la ineficiencia de los prestadores y administradores de salud resulta simplista en la dinámica de financiamiento del sistema de salud público chileno. Lo anterior, debido a que la evidencia sugiere que las causas de los problemas de ejecución del presupuesto son estructurales. Muchos de los programas que aparecen como mal evaluados corresponden a programas de reforzamiento que operan bajo esquemas de financiamiento fragmentado, con transferencias parciales o tardías por parte del MINSAL, lo que genera periodos sin financiamiento afectando la continuidad de su implementación. En la práctica, esto afecta la planificación, limita la contratación de personal y debilita la adherencia de las personas a sus controles de salud. En este escenario, fortalecer el financiamiento basal (a través de la mejora considerable de la transferencia per cápita) permitiría una gestión más eficiente y sostenida.
Ahora bien, todos quienes nos hemos formado en políticas públicas sabemos que un proyecto o programa no debe ser evaluado sólo por su eficiencia presupuestaria, evaluar políticas públicas requiere considerar otras dimensiones como lo son el impacto social, cultural y sanitario. Existen intervenciones cuyo valor trasciende su eficiencia económica inmediata. El caso del Programa Nacional de Alimentación Escolar es un ejemplo emblemático: su impacto en equidad, desarrollo y bienestar en la historia reciente de nuestro país es incuestionable.
Chile ha logrado, durante décadas, resultados sanitarios destacados en el contexto internacional. Indicadores como la esperanza de vida, porcentaje de hospitalizaciones evitables, tasa de embarazo adolescente, mortalidad por VIH- SIDA y los históricos avances en salud materno-infantil, reflejan un sistema que pese a limitaciones, ha sido capaz de generar impacto en la vida de las personas. Incluso durante la pandemia por COVID-19, el país demostró una capacidad de respuesta que fue reconocida globalmente, sustentada en gran medida por la fortaleza de su gobernanza y la red de atención primaria como mecanismo de prevención.
Todo lo anterior, se ha conseguido con una inversión en salud significativamente menor al promedio de los países de la OCDE. En términos comparativos, Chile presenta una relación costo-resultado que evidencia un uso considerablemente eficiente de los recursos. Otras investigaciones realizadas por Barahona et al (2021) y Santelices et al (2011) han mostrado altos niveles de eficiencia hospitalaria en varias regiones del país. Por otra parte, el nivel de atención primaria en Chile ha demostrado niveles de resolutividad mayores al 90%.
En este contexto, plantear recortes presupuestarios sin considerar estos logros y sin abordar las causas estructurales de las ineficiencias resulta complejo y pudiese ser perjudicial. La evidencia es clara: reducir la inversión en programas preventivos, en salud mental o en atención primaria no disminuye el gasto, sino que lo desplaza hacia niveles más complejos y costosos del sistema, como urgencias y hospitalizaciones. En otras palabras, el ahorro a corto plazo puede traducirse en un aumento del gasto a mediano y largo plazo, acompañado de un deterioro en la calidad de vida de la población.
Por ello, más que recortar, el desafío está en reformar. Se requiere avanzar hacia modelos de financiamiento más estables, mejorar los sistemas de evaluación y fortalecer los mecanismos de fiscalización en todas las etapas del ciclo presupuestario, en un mayor alcance una reforma al sistema de salud. Todo esto, con el objetivo de responder de manera efectiva a las necesidades de la población y que se centran particularmente en las dificultades de acceso, reducción del gasto de bolsillo, calidad y satisfacción usuaria.
Recortar en salud no es una decisión neutra. Es una decisión que puede traducirse en menos años y peor calidad de vida para las personas. Y ese es un costo que, como sociedad, no deberíamos estar dispuestos a asumir.